por Lance Selfa

Los demócratas creen haber encontrado una forma de defenderse de los ataques republicanos, que los acusan de ser «blandos» en materia de «seguridad fronteriza»: adoptar como propias las políticas de restricción republicanas. No lo dicen, por supuesto, pero eso es esencialmente lo que hicieron cuando el Senado de EE.UU., liderado por los demócratas, negoció un proyecto de ley fronteriza «bipartidista» que dio a los restriccionistas casi todo lo que querían.

El GOP (Grand Old Party, partido republicano) alineado con Trump no podía aceptar una respuesta afirmativa. Y así, en febrero, cuando los líderes de la Cámara de Representantes anunciaron que ni siquiera considerarían el proyecto de ley si éste era aprobado por el Senado, el GOP abandonó los esfuerzos antes incluso de que llegara a votación. Esto dio a los demócratas una excusa que han utilizado desde entonces: los demócratas quieren «resolver» la crisis en la frontera, mientras que los republicanos sólo quieren el «caos». De hecho, los demócratas tienen tan buena opinión del acuerdo que el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, anunció que quiere reactivarlo. El senador liberal Chris Murphy (Demócrata de Connecticut) obligó a Schumer a reintroducir el proyecto de ley.

Fue una suerte que el Partido Republicano rechazara el proyecto de ley en febrero. Se trata de un proyecto de ley terrible que todos los defensores de un sistema de inmigración justo deberían rechazar. El proyecto ampliaba enormemente los fondos destinados al complejo de seguridad fronteriza, incluyendo el aumento de la capacidad de los centros de detención y de la cantidad de vuelos de deportación. Somete a los solicitantes de asilo a una «investigación de seguridad» y a requisitos para documentar sus peticiones de asilo que la mayoría de los solicitantes nunca podrán cumplir. Le otorga al Departamento de Seguridad Nacional la potestad de «cerrar la frontera» a los solicitantes de asilo en el caso de que llegaran en un día 8.500 inmigrantes «inadmisibles» (es decir, personas que no pudieran sortear los controles antes mencionados).

El objetivo de estos cambios es acelerar el proceso de elegibilidad para el asilo y deportar a los inmigrantes lo antes posible. A esto se refieren los demócratas cuando hablan de «resolver» la crisis migratoria. El proyecto de ley no aborda la situación de los Dreamers, migrantes que llegaron a EE.UU. siendo niños, muchos de los cuales son ahora adultos. Una política de la era Obama los protege de la deportación y les permite ir a la escuela y trabajar, pero sin otorgarles la ciudadanía. Por otra parte, esta política dejó en la incertidumbre a los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven y trabajan en EE.UU., la población que Trump y sus acólitos prometen detener y deportar si Trump llega a la Casa Blanca en 2025.

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Está claro que la política de inmigración, que siempre ha oscilado entre las demandas de mano de obra del capitalismo estadounidense y las profundas corrientes supremacistas blancas y xenófobas, se está desplazando hacia la derecha en el clima actual. La oposición a la inmigración y a unos EE.UU. «más morenos» ha sido uno de los factores motivadores -si no el principal- de la derecha contemporánea desde, al menos, la agitación del «Tea Party» a principios de la década de 2010. Trump inyecta regularmente una retórica hitleriana sobre los inmigrantes que «envenenan la sangre» de EE.UU. en sus divagantes discursos de mitin.

Los republicanos han llevado al límite las políticas de inmigración racistas: desde la destitución simbólica del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, hasta las políticas antinmigrantes muy reales que emanan de gobernadores de derecha como Ron DeSantis, de Florida, y Greg Abbott, de Texas. Abbott, ayudado por otros 25 fiscales generales estatales republicanos, encabeza el desafío a la autoridad del gobierno federal para hacer respetar la política de inmigración. Al hacerlo, promueven un punto de vista neoconfederal que afirma que el gobierno de EE.UU. es un «pacto» entre estados soberanos del que esos estados pueden retirarse si así lo desean.

Hasta ahora, la Corte Suprema se ha negado a respaldar plenamente los intentos de Abbott de afirmar que la ley de Texas, que prohíbe la entrada «ilegal» en el estado, tiene prioridad sobre la responsabilidad federal de mantener relaciones exteriores con México. Pero la derecha seguirá avanzando en su agenda, y el Tribunal Supremo probablemente le dará más «victorias» que derrotas en el futuro.

Además de hacer que la vida de los migrantes sea miserable en sus estados, Abbott y DeSantis han tenido mucho más éxito en forzar sus puntos de vista de «estados rojos» (republicanos) en el discurso político de estados «azules» (demócratas) supuestamente más favorables a los inmigrantes. Inspirándose en los segregacionistas sureños de la época de los derechos civiles, han enviado en autobuses o en aviones a más de 100.000 inmigrantes a ciudades como Denver, Nueva York y Chicago desde 2021. Las respuestas de esas ciudades -a veces inadecuadas y otras, impregnadas de incompetencia– han jugado a favor de la derecha. Incluso en centros urbanos en los que un gran porcentaje de la base del Partido Demócrata son inmigrantes o descendientes de inmigrantes, la crisis migratoria ha desencadenado una política de resentimiento contra los inmigrantes. En ese clima, sólo la derecha saca provecho.

Durante los tres primeros meses de 2024, una encuesta Gallup reveló que la «inmigración» es el principal problema que mencionan los estadounidenses de cara a las elecciones presidenciales de este año. Sin duda, eso hizo que los demócratas tomaran nota y aceleraran sus intentos de reclamar un acuerdo «bipartidista» sobre la inmigración. Pero un examen más detenido de las tendencias de estos datos a lo largo de los años muestra que los republicanos son quienes están detrás, impulsándola, de la preocupación nacional por la inmigración, con un repunte más reciente entre los independientes. Pero esto también pone de relieve hasta qué punto la cuestión de la inmigración domina el sector republicano/conservador del electorado, mientras que la mayoría tiene muchas otras preocupaciones muy diferentes.

Pero, para los políticos cobardes a los que les preocupa que cualquier cuestión pueda acabar siendo la que les hunda, los inmigrantes -que, es preciso señalar, cumplen las leyes de inmigración de EE.UU.- son un estorbo que se puede dejar de lado en nombre de la conveniencia política. Como con tantas otras cuestiones, Biden y los demócratas se rigen por el supuesto implícito de que los partidarios de los derechos de los inmigrantes no tendrán más remedio que respaldarlos en noviembre cuando se den cuenta de las medidas verdaderamente atroces que propone Trump.

Y, sin embargo, mientras impera la lógica del mal menor, la política y las políticas de inmigración siguen su carrera hacia el abismo. El presidente Biden mantuvo varias políticas de inmigración de la era Trump, y el año pasado anunció que su administración seguiría construyendo el muro de Trump en la frontera sur. Esta complacencia llegó a su punto más bajo en el discurso sobre el Estado de la Unión en marzo, cuando Biden, respondiendo a las increpaciones de la diputada de extrema derecha Marjorie Taylor Greene, utilizó la palabra «ilegal» para describir a un inmigrante indocumentado acusado de asesinar a una estudiante de enfermería de Georgia.

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Si observamos la crisis migratoria desde fuera del ámbito de la sucia política electoral, vemos que la crisis actual es el producto de décadas de imperialismo estadounidense y de disfuncionalidad política interna. Décadas de «reforma» económica neoliberal han contribuido a destruir sectores enteros de las economías centroamericanas. Las «guerras de la droga» respaldadas por Estados Unidos en Centroamérica y en Colombia también han contribuido a alimentar los flujos de migrantes que huyen de los paramilitares. Estados Unidos y otras potencias imperialistas se han entrometido en los asuntos de Haití durante siglos. Y las sanciones económicas estadounidenses contra Cuba y Venezuela han hecho insostenible la vida de millones de personas en esos países.

Estas son algunas de las razones que llevan a la gente a arriesgar su vida para solicitar asilo en la frontera sur de Estados Unidos. Están dispuestos a correr el riesgo de pasar años hasta que su solicitud de asilo sea juzgada -en la mayoría de los casos, el gobierno las rechaza- antes que pasar décadas para obtener la ciudadanía estadounidense por otros medios. El hecho de que el sistema actual haga esperar años a los inmigrantes establecidos para recibir permisos de trabajo también alimenta el sentimiento antinmigrantes contra los recién llegados.

La paradoja de todo esto es que mientras los partidos capitalistas de Estados Unidos siguen su carrera hacia abajo, sus amos en la clase capitalista estadounidense constatan que los inmigrantes son el sustento de sus beneficios y crecimiento pospandémicos. Como escribió el economista marxista Michael Roberts:

La afluencia de inmigrantes para trabajar y estudiar ayuda a la economía estadounidense: mantiene una elevada oferta de mano de obra disponible para los empresarios, sobre todo en los sectores de gran demanda de mano de obra: la salud, el comercio minorista y las actividades de ocio, así como los sectores de salarios relativamente bajos.

La inmigración neta comienza a ser vital para el capitalismo estadounidense. Según la Oficina de Presupuestos del Congreso, la población activa estadounidense habrá aumentado en 5,2 millones de personas en 2033, gracias sobre todo a la inmigración neta, y se prevé que la economía crezca en 7 billones de dólares más durante la próxima década de lo que lo habría hecho sin la llegada de nuevos inmigrantes.

Si la «racionalidad» capitalista cede ante la presión política, no sería la primera vez. Y en un entorno en el que los dos grandes partidos rivalizan por presentarse como «duros en la frontera», podemos esperar más de lo mismo en el futuro.

*Lance Selfa es autor de The Democrats: A Critical History (Haymarket, 2012) y editor de U.S. Politics in an Age of Uncertainty: Essays on a New Reality (Haymarket, 2017).

Fuente: International Socialism Project