Venezuela: El presidente de IMPSA integró la estructura de testaferros de Tareck El Aissami para legitimar capitales en paraíso fiscal del Caribe

La Tabla. La empresa contratada para culminar Tocoma y Macagua en Venezuela fue privatizada por un grupo con un historial offshore documentado Jorge Salcedo Hernández, designado al frente de la metalúrgica argentina que reactivará las centrales hidroeléctricas venezolanas, inscribió una sociedad en Barbados en 2014 junto a socios históricos del señalado testaferro del exministro de…

Venezuela: Director cubanoamericano de la privatizada IMPSA fue «socio» inmobiliario de Trump en Florida y gestor de la reunión con Lilian Tintori en 2017 / Contratada para culminar complejos hidroeléctricos Macagua y Tocoma

La Tabla. Freddy Bálsera, quien además es «alto pana» de Marco Rubio, ejerce el control estratégico de la compañía con dos puestos en una junta directiva de cuatro. Su socio en Argentina, José Manuel Domínguez, es el vicepresidente de la empresa energética y metalmecánica. La mayoría accionaria la tiene un opaco fondo de inversión industrial…

Venezuela: IMPSA en la Casa Blanca, el rostro corporativo de la injerencia imperial

La Tabla. La reunión de los directivos de IMPSA con Jarrod Agen, director del Consejo de Dominio Energético de Estados Unidos, no es un gesto protocolar. Es la evidencia de que la empresa argentina opera como instrumento de una estrategia mayor: la apropiación de los recursos energéticos venezolanos por parte de Washington…

Audiencia por más de 2500 prisioneros políticos

Histórica audiencia de denuncia de la política imperial de persecución y prisión política. Intervinieron compañeros de Argentina, Bolivia, Perú, Paraguay, Colombia, Venezuela, El Salvador, México, y los EEUU. Se recibió denuncia de los siguientes casos: Nicolás Maduro Moro, presidente de Venezuela; Evo Morales, ex presidente de Bolivia; Rafael Correa, ex presidente de Ecuador, y su…

Ley Antiprotesta pacífica 2026

El proyecto de ley contenido en el Boletín N° 18.584-07, que busca ampliar la sanción penal por  interrupción u obstaculización de la libre circulación y de los servicios de transporte, no solo  merece una reflexión constitucional y de derechos humanos: exige una advertencia democrática  seria. Su formulación abre la puerta a criminalizar la protesta social y a castigar expresiones  pacíficas de reunión y manifestación pública, precisamente aquello que la Constitución y los  tratados internacionales de derechos humanos obligan a proteger.