El presidente Kast anunció en su Cuenta Pública una reforma a la Ley Indígena 19.253 para permitir arriendos e hipotecas sobre tierras bajo protección. La medida generó el amplio y categórico rechazo de diversas expresiones de los movimientos indígenas e Chile, quienes advierten sobre un nuevo despojo territorial.
«Como pueblo, en nuestro desenvolvimiento, en nuestro combate por sobrevivir, nos encontramos con fenómenos como el extractivismo que confrontan directamente con nosotros. Las hidroeléctricas, forestales, la minería de ‘tierras raras’, son los intereses y capitales que nos arrebatan nuestro territorio. Y nosotros nos levantamos en contra de esas industrias que se contraponen a nuestra cosmovisión y espiritualidad. Esas contradicciones irreconciliables nos han llevado hasta la situación actual.»
El directivo subrayó el impulso a la recuperación de tecnologías tradicionales y limpias: “Se está incentivando también de alguna manera el tema de la recuperación, por ejemplo, de molinos de viento de energía, el uso de energía alternativa para algunos casos, como las bombas solares”.
por Leonardo Boff. Hubo una época en la que no se aceptaba la existencia histórica del matriarcado debido a la insuficiencia de datos. Las investigaciones arqueológicas, los estudios de Bachofen, de Engels, de Neuman, de la psicología profunda y otros campos confirmaron el hecho de que realmente existió…
Según esa tesis, con Kast y su gobierno, vamos camino a profundizar la desigualdad y el estancamiento económico.
La pequeña propiedad —históricamente protegida por su carácter indivisible, inembargable y orientado a la subsistencia familiar— pasa a integrarse en una lógica de mercado donde la tierra puede ser embargada, vendida o utilizada como garantía financiera.
Compromiso de grupos ambientalistas desde regiones de Aysén a Coquimbo.
«Tenemos la certeza, por la información recabada, que esta es la puerta de entrada a la represión y persecución en territorio del sur de Chiloé»
La comunidad mapuche pewenche Rgaliko (Lob Rgaliko), del Alto Biobío, emitió una denuncia pública tras el violento desalojo ejecutado el pasado 23 de abril por fuerzas represivas del Estado chileno, apoyadas por particulares.
El verdadero trasfondo del debate no es un supuesto estancamiento económico, sino el límite político a la capacidad de una industria para seguir expandiéndose sin contrapesos ecológicos ni territoriales
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