La comunidad mapuche pewenche Rgaliko (Lob Rgaliko), del Alto Biobío, emitió una denuncia pública tras el violento desalojo ejecutado el pasado 23 de abril por fuerzas represivas del Estado chileno, apoyadas por particulares.
«No permitiremos más actos de racismo y tortura psicológica, como las amenazas de alejarnos de nuestras familias y de nuestra cultura ancestral mapuche.»
Ya en los días previos, el mismo grupo —vinculado a organizaciones que negocian y reciben financiamiento directo de la empresa estatal noruega Statkraft— había intentado prohibir el entierro del peñi Jaime.
Señora ministra yanacona, ahora lo último que le faltaría decir es que Kast juega palin en vez de golf.
Pese a la gravedad de ambas aristas, ni él ni sus superiores se han pronunciado hasta la fecha.
“Este objetivo de que la imputada prestara colaboración se traduce en la formalización no como un ejercicio comunicativo, y mucho menos como una garantía procesal, sino como un mecanismo funcional para que una persona imputada sea doblegada, sea compelida a la renuncia de uno de sus derechos más importantes de un procedimiento racional y justos, contemplados en diversos instrumentos legales y tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes”
«Desde el territorio Lafquenche les pedimos que dejen de dividir, falsear y utilizar los derechos Mapuche para fines partidarios.»
Por ello es impensable que con más violencia y más represión hacia las diferentes comunidades, organizaciones y expresiones de resistencia Mapuche, puedan conseguir la sumisión de nuestro pueblo.
El «Caso Quilleco» se enmarca en un conflicto histórico y estructural entre el Estado chileno y comunidades mapuche que reclaman tierras, autonomía y reconocimiento cultural.
Cuando hablamos del pueblo mapuche, el Estado argentino cometió a través de la mal llamada Campaña del Desierto un genocidio tremendo y le usurpó el territorio, principalmente, a las comunidades mapuche que estaban en la Patagonia.
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