Las clases dominantes en Colombia no están dispuestas, ni tan siquiera, a aceptar cambios de carácter liberal reformista para modernizar su vetusto capitalismo, como se los propone el presidente Petro; una tarea que intentaron infructuosamente dirigentes políticos procedentes de sus entrañas en el siglo pasado, como López Pumarejo, citado reiterativamente por Petro en sus discursos, como promesa de salvaguarda de sus privilegios. Es decir, descartan incluso la fórmula gatopardista “cambiar todo para que nada cambie”, como lo han hecho sus congéneres de clase en otras latitudes para contener las luchas sociales por transformaciones.

Allí está el trasfondo de las objeciones que, al unísono, presentaron los gremios, la ACORE y el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga -ICP-, entre otros, a la propuesta de modelo y plan de participación que presentó la Secretaría Técnica del Comité Nacional de Participación -CNP- al sexto plenario de este organismo; propuesta que deviene de las deliberaciones e iniciativas de un amplio y legítimo proceso de participación plural y diverso de organizaciones territoriales, nacionales y sectoriales.

Incluso, desde antes de la realización del Sexto Plenario del CNP, estos sectores representativos de las clases dominantes, pretendieron invalidar lo que venía construyendo la sociedad en el marco de la participación, y dilatar su aprobación con el pretexto del estado de congelamiento de la Mesa de Diálogos, desconociendo un ejercicio legítimo de participación al señalar que la Paz se resuelve solo con acciones y voluntades desde la insurgencia y no como fruto de un diálogo por las Transformaciones de las causas que han originado el conflicto.

Ignoran adrede el acuerdo de México qué, en su preámbulo, plantea que “la superación del histórico conflicto interno, centro de nuestros diálogos de paz, pasa por realizar transformaciones políticas, sociales, económicas, ambientales y culturales. Esta finalidad requiere construir un pacto nacional que tenga la fuerza de concitar las voluntades de todos los sectores de la sociedad”; ese propósito no les concierne, no obstante que el anexo 2 del mencionado acuerdo sobre criterios para la composición del CNP se plantea que, para componerlo uno de los criterios es “acoger de manera integral el Acuerdo de México y este acuerdo como marco general de los trabajos del CNP”. La ACOR, los gremios y el ICP hacen parte de su membresía. Transformar es un verbo ajeno a su lenguaje.

Desdicen de la propuesta y cuestionan el rol y competencia del CNP, porque en el modelo de participación se enuncian algunas de las transformaciones necesarias, a manera de problemas a examinar en las subsiguientes fases de la participación, en los 3 ejes acordados entre el ELN y el gobierno y acogidos por el CNP: Régimen Político, Modelo Económico y Situación Ambiental. Pero, por el contrario, la propuesta presentada es coherente con el objetivo establecido en el Acuerdo de México, “diseñar el proceso de participación de la sociedad, a partir de la identificación de los sujetos sociales y actores políticos en un ejercicio deliberante y propositivo, para establecer los principales problemas que afectan a la nación, así como las metodologías y los escenarios”.

ACORE pide que se excluya del debate o se establezca una línea roja en torno a la doctrina de seguridad y reforma a la actuación de la fuerza pública, y que se replanteen temas como la democracia directa y redistributiva, y la propiedad, uso y tenencia de la tierra, por considerar que llevan implícitas nociones ideológicas, haciendo abstracción de que las concepciones y políticas existentes sobre los mismos responden a las nociones ideológicas oligárquicas dominantes, que consideran inalterables per se. Es decir, desde la visión de ACORE deberían estar vedados y/o limitados en su alcance todos los temas que son causa y trasfondo del conflicto en el país y, por ende, demandan transformaciones para superarlo. Adicionalmente, argumenta ACORE que no se debe firmar el acuerdo sobre participación por las dificultades y tensiones presentes en la mesa de negociación, cargando unilateralmente la responsabilidad al ELN. Le preguntamos ¿tal sesgo es una noción ideológica? Si la respuesta es afirmativa resulta coherente con su ideario político reaccionario.

Por su parte, el ICP deduce que la propuesta de modelo busca “sustituir a los poderes constituidos y cambiar la Constitución Política”, lo que implícitamente significa que no ve viables ni legítimas transformaciones estructurales y que, por tanto, las transformaciones para la paz, a lo sumo, deben ser para “orientar a mejorar las condiciones sociales y garantizar las condiciones de seguridad en los territorios más afectados por la violencia”. Equivale a decir, que sólo ven posible una paz que sea funcional y no afecte sustancialmente el statu quo de explotación y dominación, que precisamente es la causa fundamental del conflicto social, político y económico.

Los gremios, al tenor de los anteriores reparos, cuestionan el alcance de la propuesta de modelo de participación porque “pone sobre la mesa de negociación elementos estructurales de nuestra democracia y modelo de país que no fueron discutidos porque ese no era su propósito”. En primer lugar, parten de la premisa que no hay nada que discutir y menos que negociar y, en segundo lugar, desconocen que, contrario a lo que afirman, si fueron temas ampliamente discutidos, frente a los cuales la mayoría de organizaciones participantes consideraron necesario debatir transformaciones.

En síntesis, su quejambrosa reclamación sobre el contenido y alcance de la propuesta evidencia su afán por mantener las estructuras de dominación social, política, económica y cultural dominantes. Entienden la paz total como un instrumento de la estrategia contrainsurgente y antipopular, por lo tanto, todo lo que les huela a buscar una paz con transformaciones es objeto de cuestionamiento, ataque, negación o eliminación. Reivindican un orden constitucional que violan permanentemente. Deifican una democracia concebida para reproducir el metabolismo de un sistema de dominación clasista. Conciben la paz como pacificación, que significa, en el mejor de los casos, la desmovilización, desarme y reinserción de la insurgencia, aunque preferirían su derrota política y militar; aplicado a los movimientos sociales y populares equivale a reprimir, deslegitimar y criminalizar los derechos a la movilización y la protesta en la lucha por transformaciones.

Muy a pesar de esas posturas, la propuesta de modelo y plan de participación surgida de la primera fase del proceso de participación, constituye una ruta de acción en la perspectiva de estructurar una fuerza social y política por los cambios y transformaciones con base en un Programa que las garantice. El debate suscitado sobre su contenido y alcance es un reflejo de la lucha de clases en el país, en la que, cada vez más, el pueblo no quiere ser dominado y, cada vez más, la oligarquía no puede mantener su poder. A eso le teme la oligarquía.

CONGRESO DE LOS PUEBLOS

EQUIPO DE CONDUCCIÓN