Perú. Dictadura cívico-militar ordena violento desalojo de Universidad de San Marcos: Hay cientos de detenidos por la policía

Por Andrés Figueroa Cornejo

Por órdenes de la dictadura cívico-militar de Boluarte-Otárola, avalada por Washington, una tropa de agentes de la policía militar invadieron brutalmente las dependencias de la Universidad de San Marcos este sábado 21 de enero, donde se alojaban estudiantes, indígenas y delegaciones del interior del país que viajaron a la capital para participar en las protestas por la democracia y la justicia social.

Las fuerzas represivas del régimen descargaron toda su violencia sobre las personas que eran albergadas en la casa de estudios superiores, violando la autonomía universitaria, dando golpes, y disparando perdigones y gases lacrimógenos. Detuvieron a cientos de jóvenes y opositores a la dictadura, e impidieron el ingreso de abogados defensores de derechos humanos.

Además, en la operación policial, ilegalmente, no participó ningún fiscal para registrar y constatar lo ocurrido.

Tras la intervención, un grupo de policías se retiró de la Universidad de San Marcos, pero quedó al interior del recinto de estudios un buen grupo de detectives y unidades especializadas, cumpliendo de esta forma con las amenazas que Dina Boluarte dio por cadena nacional de medios de comunicación la noche de las manifestaciones masivas del 19 de enero pasado, en cuanto a perseguir a dirigentes de las movilizaciones populares con militares, policías, el aparato de Inteligencia del Estado y el Ministerio Público.

El régimen, hasta el momento, ha optado por la represión brutal y racista contra la disidencia política de las clases trabajadoras y populares que luchan por la renuncia de Boluarte, de la mesa directiva del Congreso (cooptada por la extrema derecha fujimorista), y la realización de nuevas elecciones generales este 2023.

Así entiende la «pacificación social» la dictadura. Sin embargo, las movilizaciones por el retorno de la democracia se han multiplicado por todo el Perú, y con especial fuerza en la macroregión sur, pese a las masacres que han cobrado la vida de 55 personas bajo las municiones de policías y soldados, además de innumerables heridos y procesados políticos.

Según el Instituto de Estudio Peruanos, la población rechaza el régimen de Boluarte entre un 80 y un 88 por ciento, y más de un 70 por ciento aprueba una Asamblea Constituyente.

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