Firmar hoy un acuerdo de la naturaleza que pide el presidente resulta notoriamente ridículo. Más ridículo y tenebroso que cuando se firmó el Pacto Por Chile o el Acuerdo Por la Paz, documentos que también fueron suscritos por el presidente en su debido momento. No parece que un nuevo pacto vaya a servir mucho.
El 31 de este mes se conmemora un nuevo aniversario del fallecimiento de Clotario Blest, acontecimiento que, de por sí, invita a hacer una reflexión acerca del rol jugado por las organizaciones sindicales en la construcción de la democracia post dictatorial aunque el saldo de semejante tarea es extremadamente deplorable.
Por eso nos atrevemos a sostener con fuerza que ‘el pacto debe ser destruido’.
La reforma (o refundación, en su caso) de la fuerza pública (policía, tanto uniformada como civil) —que constituía una de las materias prioritarias del sexto gobierno de la Concertación—, parece haber sido convenientemente archivada.
Podemos asegurar, así, que el gobierno de Apruebo Dignidad ha dejado de existir y que, en su lugar, se levanta un sexto gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia en donde las transformaciones sociales prometidas tendrán lugar, sin lugar a dudas, pero al cadencioso ritmo de ‘la medida de lo posible’.
Así como pudimos darnos una Convención que pudo representarnos legítimamente en nuestros derechos, también podremos modificar, cuando sea necesario, aquellos inevitables errores que conlleva consigo toda obra humana. Pero no antes de verla vigente, aprobada por la mayoría del pueblo chileno.
¿Por qué los sostenedores del Rechazo exhiben tan febles argumentos? ¿Por qué recurren a la mentira, al insulto y al falseamiento de los hechos? ¿Cuál es la razón que los obliga a evidenciar tanta indigencia teórica en los debates que se abren a propósito del plebiscito? ¿Por qué recurren, incluso, al robo de las obras de arte hechas por dibujantes de las poblaciones, para su propaganda política?
Si la recomendación entregada por estamentos académicos aconseja poner de inmediato en vigencia una constitución que se acaba de dictar, ¿por qué, desde ya, se ha estatuido que, en caso de ser aprobada, la nueva carta fundamental de Chile comenzaría a regir en 2026 para el solo efecto de respetar los plazos establecidos por la actual, en cuanto a la duración de los mandatos presidenciales y parlamentarios?
Podemos entender que Pïñera se haya preocupado desde el primer momento en realizar todos los pasos convenientes para lograr su impunidad. Entendemos que, en esa dirección, en forma paciente y sostenida, fue nombrando todos los abogados integrantes tanto de la Corte Suprema como de la de Apelaciones y designando a sus ministros, para después cobrarles por el servicio de haberlos encaramado a los más altos cargos del llamado Poder Judicial. Difícil resulta suponer que esos sujetos puedan fallar en contra de quien les otorgó tales privilegios.
La dominación a través del intelecto conduce ineluctablemente a la subordinación de unos estamentos por otros. Por eso, es inaceptable.
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