Por Andrés Figueroa Cornejo
A través de su cuenta Twitter, el secretario general del movimiento Nuevo Perú y dirigente de Iniciativa Constituyente, Álvaro Campana, refiriéndose a la matanza de, al menos 17 personas y 50 heridos, a manos de la policía y los militares el pasado 9 de enero, en Juliaca, indicó que, «En Puno se vive un escenario de guerra para las llamadas ‘fuerzas del orden’. Su objetivo es aplastar la movilización a cualquier costo ya que actúan como si los movilizados fueran un enemigo. Salir de este escenario mortal y abrir una salida política y democrática pasa por que el gobernador de Puno y las autoridades recién instaladas, junto a los gremios representativos y representantes de organizaciones campesinas planteen una tregua, el inmediato levantamiento del estado de emergencia y el repliegue de las fuerzas represivas ¡Ni un muerto más!».
Asimismo, Campana planteó «Que se organice a la ciudadanía para cautelar el orden público y frenar posibles acciones vandálicas, facilitar la atención de los heridos y de los manifestantes de las zonas rurales; exigir al régimen una salida política en coordinación con otros gobiernos regionales, planteando la renuncia de Boluarte y de la mesa directiva del Congreso, elecciones generales 2023, y referéndum constituyente», y advirtió que, «No canalizar, organizar y buscar la construcción de una representación de los pueblos movilizados sólo creará condiciones para que las fuerzas represivas sigan asesinando compatriotas, y para que aventureros de la violencia aislen la justa lucha que se viene librando».
Por otra parte, este 10 de enero la Conferencia de instituciones y organizaciones de prensa y derechos humanos indicaron que «pese a que nuestros compañeros se identifican como comunicadores sociales, son hostigados, amenazados de muerte y agredidos por la policía. Sólo en los primeros días del 2023 hemos registrado 9 ataques a periodistas. Y uno de los problemas es que las autoridades nos prometen investigaciones sobre los efectivos policiales que nunca terminan y los casos quedan en total impunidad», y añadieron «que debe existir un protocolo estatal que proteja, garantice y se haga responsable del trabajo de los reporteros y fotoperiodistas».
Los dirigentes de los gremios de la prensa dijeron que «sino existe libertad de prensa y expresión, estamos frente a una democracia extremadamente frágil».
En cuanto a las protestas que exigen la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y nuevas elecciones generales el 2023, la Defensoría del Pueblo informó que este 10 de enero se desarrollaron movilizaciones en un total de 31 provincias y 12 regiones: Huaraz, Andahuaylas, Abancay, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima Metropolitana, Piura, Puno y Tacna. En epicentro de las manifestaciones populares se concentró sobre todo en el Cusco en esta jornada.
Así también se bloquearon rutas nacionales, regionales y provinciales de todo el país mediante piquetes de manifestantes.
Por su lado, cínicamente, el régimen dictatorial de Boluarte y el Congreso golpista y ultraderecha decretó tres días de duelo laboral por «las víctimas de Juliaca», toda vez que la responsabilidad política del despliegue bélico sobre la población masacrada el 9 de enero y antes, proviene de ellos mismos.
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