La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) denuncia a la opinión pública nacional e internacional, nuevamente un acto gravísimo de agravio infligido a las víctimas y sus familiares de las violaciones de Derechos Humanos de la dictadura.

Con estupor e indignación, hemos tomado conocimiento que el criminal de Lesa Humanidad, Carlos Yáñez Campos, ex prefecto de la Policía de Investigaciones, fallecido el 04 de mayo pasado fue velado en la capilla institucional de la PDI.

Dicha ceremonia fúnebre fue anunciada por los conductos oficiales de la PDI a través de la Prefecta Silvia Barra Muñoz, Jefa Nacional de Asuntos Públicos, mediante una Circular General, informando además el oficio de una misa.

Los hechos son de una extrema gravedad porque se asume, institucionalmente de parte de la PDI, un compromiso con una persona condenada por un crimen de Lesa Humanidad, desarrollando en un recinto público como las dependencias de la Escuela de Investigaciones Policiales, un acto de naturaleza privada que, en ninguna circunstancia puede tener un carácter oficial ni debe involucrar a una fuerza de orden y seguridad pública, que depende del Ministerio del Interior, con un violador de Derechos Humanos.

Carlos Yáñez Campos fue condenado como autor del secuestro calificado de Luis Justino Vásquez Muñoz, de 34 años de edad, casado y padre de 4 hijos, militante del Partido Socialista, dirigente de la Central Única de Trabajadores, CUT y ex Regidor de San Fernando, perpetrado en la ciudad de San Fernando a partir del 20 de noviembre de 1973. Su paradero se desconoce hasta el día de hoy y forma parte de la lista de Personas detenidas desaparecidas reconocidas por el Informe de la Comisión Rettig.

Realizar pompas fúnebres de un criminal condenado por un delito de lesa humanidad, por sentencia firme y ejecutoriada, cometido por un ex prefecto de la Policía de Investigaciones, constituye un acto de negacionismo inaceptable que exige una explicación de la Ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Tohá, y del Director General de la PDI, Sergio Muñoz Yáñez, quien actuó con desidia ante un familiar del condenado agente del Estado Carlos Yáñez Campos.

A 50 años del golpe militar, actos de esta naturaleza constituyen una flagrante violación de la garantía de no repetición, un principio del derecho internacional de los Derechos Humanos orientado a que crímenes cometidos por personas, como el ex prefecto de la PDI Carlos Yáñez Campos, nunca más vuelvan a ocurrir.

Exhortamos a la señora Ministra del Interior Carolina Toha, a tomar cartas en este grave hecho y adoptar las medidas legales y administrativas por la responsabilidad del mando de la PDI en estos actos, que solo merece nuestro repudio y rechazo.

Exigimos una explicación y no repetición en hechos tan dolorosos para las familias de las víctimas, que aún buscamos a más de 1000 detenidos desaparecidos y ejecutados sin entrega de cuerpo, mientras las instituciones a los victimarios se les honran. Eso es el pacto de silencio e impunidad que mantienen las FFAA y Policías a 50 años sigue vigente.

Agrupación de Familiares de Ejecutadas y Ejecutados Políticos de Chile, AFEP