Compartimos la siguiente entrevista a la abogada Alejandra Arriaza, realizada por el Progama «Derechos Humanos sin Fronteras» de UCV Televisión, donde se refiere a los avances y dudas en el Caso Kaiser donde se investiga la muerte de cinco personas que fueron encontradas carbonizados, el 20 de octubre de 2019, en el interior de las bodegas de la empresa Kayser en la comuna de Renca.

Caso Kaiser

El día 20 de octubre de 2019 fueron encontrados cinco cuerpos carbonizados en las bodegas de la empresa Kayser, tras un incendio que se produjo en medio de manifestaciones y  saqueos dentro del contexto del estallido social en Chile. Sus nombres son nuestros  familiares: Yoshua Osorio Arias (17), Julián Pérez Sánchez (51), Manuel Muga Cardemil (59), Andrés Ponce Ponce (38) y Luis Salas Martínez (47).  

Desde de un inicio, la policía y Fiscalía dijeron que murieron porque estaban saqueando.  Este sesgo impidió que se realizaran diligencias clave en el sitio del suceso para descartar la intervención de terceros e incluso de agentes estatales. Sumado a esto, existen una serie  de inconsistencias e incongruencias en la investigación que nos han impedido conocer la  verdad: 

La disposición de los cuerpos estirados boca arriba en una posición que a simple vista no es  natural, lesiones que no fueron descritas en los informes de autopsias como hematomas,  fracturas, orificios intercostales y una lesión de bala, el retiro de las cámaras por parte de  los dueños de la empresa y su posterior desaparición, hallazgos que no fueron periciados  porque Carabineros no cerró el sitio del suceso, e incluso, un segundo incendio que terminó  por eliminar todo rastro, nos permiten concluir que nuestros familiares fueron asesinados. 

Es por estos antecedentes que, a casi tres años de estos hechos, se creó en la Cámara de  Diputados una Comisión Especial Investigadora que actualmente está investigando la  responsabilidad de los órganos de la administración del Estado en las muertes de nuestros  familiares en dependencias de la empresa Kayser.  

Hoy, luego de más de tres años de investigación, conseguimos que la Brigada Investigadora  de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones solicitase la  exhumación de Yoshua y Andrés con la finalidad de descartar la intervención de terceros en  sus muertes. Además, un policía fue formalizado por grabar a nuestros familiares en  momentos previos al retiro de los cuerpos diciendo con tono despectivo que murieron por  estar saqueando, filtrándose en las redes sociales. 

El Estado ha sido negligente en su actuar y es responsable de las muertes de nuestros  familiares por su actuar omisivo. La Fiscalía no tuvo y no tiene verdaderas intenciones de  investigar. Por lo mismo, no descansaremos hasta saber quiénes fueron los responsables de  las muertes de nuestros familiares, hasta que sean juzgados y el Estado establezca garantías  que estos hechos no vuelvan a suceder.