En la Patagonia chilena, el equipo periodístico fue testigo del nivel de ocupación marina: “Entonces esos puntos rojos son concesiones salmoneras, todo esto. Una invasión. En el fondo termina siendo un Far West, en el cual ellos están en los fiordos, hacen lo que quieren, nadie los fiscaliza y la ciudadanía tampoco puede hacerlo”, señala parte del relato.
Pero no hay que perder la esperanza. Tal vez algún día nos reconciliemos. Quizás cuando el último fondo de pensiones haya sido privatizado por completo y el agua venga embotellada directamente desde Suiza. Ahí, con suerte, nos abracemos. Pero con desconfianza. Siempre con desconfianza.
La petición de inhabilidad solicitada al Fiscal Nacional por Tatiana Esquivel es una maniobra para eludir su culpabilidad, colocando de escudo no sólo a los agentes sino a los fiscales Alejandro Ríos y Claudia Baeza, y pretendiendo paralizar la investigación. Esquivel incluye una demanda contra Julia Chuñil Catricura por “robo de madera”, referida a que la dirigenta mapuche practicaba la ancestral recolección de ramas caídas o secas del bosque hoy en manos de Juan Carlos Morstadt, el principal sospechoso para la familia, a quien la fiscal no investiga pese a que él se negó a declarar.
La Coordinadora Por Julia Chuñil, ante los graves hechos denunciados por la abogada representante de la familia de Julia Chuñil, expresa su más profundo rechazo y condena al actuar del Ministerio Público y de efectivos de Carabineros en el caso de la desaparición de nuestra hermana, madre y lideresa Mapuche, Julia Chuñil.
En lo económico sería la primera vez en la historia de la minería moderna que el dueño de un yacimiento (Corfo, Codelco o Enami) entrega entre el 49 y 51% de parte de sus reservas de calidad excepcional con una compensación económica discutible sin revisar otras alternativas fácilmente disponibles por el gran interés que hay de disponer de Litio en países industrializados para enfrentar el Cambio Climático.
El fracaso del modelo educacional que instaló la dictadura, perfeccionado y ampliado por la Concertación/Nueva Mayoría y confirmado por la inoperancia del gobierno actual, queda de manifiesto en cada niño en edad escolar que muere asaltando a un prójimo, o en alguna riña por quítame allá esas pajas.
La misiva califica la normativa como una “indecorosa y maldita ley antiterrorista” y advierte que su aprobación representa una “declaración de guerra contra los pueblos que habitan el país”. Las organizaciones firmantes sostienen que tanto el espíritu como el articulado de la ley buscan criminalizar el derecho a la protesta y la organización popular.
Nuestros derechos sociales son vulnerados y si los reclamamos somos violentamente reprimidos.
Agrupaciones de ex prisioneros y prisioneras políticas de Valparaíso se encuentran alertas y preocupados por la grave situación por la que atraviesa el Sitio de Memoria Ex Cárcel y Parque Cultural de Valparaíso, denunciando la falta de acciones concretas de parte de las autoridades regionales y nacionales que permitan una adecuada gestión, mantención y el financiamiento de dicho recinto, el cual se encuentra en serio peligro de cesar su funcionamiento.
Convocamos entonces a los distintos sectores, familiares, organizaciones sindicales, estudiantiles, territoriales, ambientales, de pueblos originarios, políticas, de género, disidencias a encontrarnos para deliberar y resolver acciones frente a la responsabilidad política del Estado y dotarnos de un espacio donde podamos aunar todas las causas, casos y luchas vigentes.
