Abal Oña plantea un escenario de «tormenta perfecta»: si confluyen la fuerza urbana —transportistas, maestros y amas de casa, duramente golpeados por la crisis de los combustibles— con el movimiento indígena movilizado contra el avasallamiento territorial, el gobierno enfrentará una situación insostenible.
“Este objetivo de que la imputada prestara colaboración se traduce en la formalización no como un ejercicio comunicativo, y mucho menos como una garantía procesal, sino como un mecanismo funcional para que una persona imputada sea doblegada, sea compelida a la renuncia de uno de sus derechos más importantes de un procedimiento racional y justos, contemplados en diversos instrumentos legales y tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes”
«Sabemos que existe mucha rebeldía juvenil; lo que nosotros queremos es que se convierta en acto revolucionario»
Tales estrategias invisibilizan las causas estructurales de la violencia escolar, como la desigualdad, la precarización de las condiciones educativas y la falta de recursos para equipos psicosociales y programas integrales de convivencia.
La sustitución de cultivos de uso ilícito deben ser concertados con las comunidades, la erradicación debe realizarse de manera manual y se adelanten planes de sustitución de cultivos con productos propios de cada región, donde se contemple la atención social para la población en vialidad, salud, educación y electrificación.
El Movimiento Guevarista de Bolivia (MG/ELN) advierte a nuestros pueblos y a la comunidad internacional de preparativos secretos del ejército norteamericano para invadir sorpresivamente el territorio cubano.
El mensaje fue inequívoco: la protección de la imagen de Israel primaba sobre la justicia para los niños víctimas de abusos.
El jurista alerta que dados los profusos pronunciamientos por parte de los gobiernos chileno y argentino “que criminalizan (condenan) al Sr. Apablaza Guerra de manera anticipada a cualquier condena judicial, se puede inferir que su extradición responde a cuestiones políticas y que, eventualmente, cualquier proceso judicial en su contra carece de garantías de debido proceso”.
Galvarino Apablaza ejerció su derecho a la legítima defensa, autorización otorgada por la Ley de defenderse, o de proteger al prójimo o un bien cuando se es atacado.
Ahora la justicia debe investigar al ministro de la Corte Suprema Mario Carroza, al ministro de la Corte de Apelaciones Guillermo de la Barra y al propio Hermosilla por los delitos de prevaricación, cohecho y violación de secreto, tras la querella presentada por Mauricio Hernández Norambuena que sostiene la intervención y mantención indebida en su condena.
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