Racismo y poder (económico-político) han hecho que en Bolivia las naciones y pueblos originarios produzcan documentos valiosos como el Manifiesto de Tiwanaku, al que las corrientes políticas denominadas de izquierda no le dieron la importancia que merecía.
Por ello, el proceso de movilización se mantiene y se radicaliza. Los bloqueos de caminos crecen en el país. Las marchas continuarán. Y se suma a la ecuación un factor más: la represión y la amenaza de operaciones conjuntas de la policía y los militares.
Las ciudades de La Paz y El Alto se encuentran en una situación de parálisis total debido a la huelga indefinida del transporte urbano y a una escasez crítica de carburantes en las estaciones de servicio.
Independientemente del resultado final de la crisis actual, por la estructura que sostiene al Estado, la conflictividad se mantendrá latente.
Desde los sectores indígenas, campesinos, feministas y de izquierda, las propuestas neoliberales se perciben como una amenaza que podría recentralizar el poder económico, reducir las políticas redistributivas y sociales y debilitar los derechos colectivos y de las mujeres.
El actual mandatario boliviano quiere borrar de la historia este pasado de lucha y en una pose desafiante ha señalado que es momento para definir entre “el pasado o la patria”, sin tomar en cuenta que ese pasado es el presente de los pueblos indios e indígenas.
Es el mandatario de las nuevas derechas latinoamericanas que más rápido perdió legitimidad, y enfrenta un levantamiento popular cuyas causas hay que entender en las primeras medidas de gobierno, en su débil estructura política y en las características emancipatorias de los movimientos populares bolivianos.
Tres semanas de protestas han sacudido al corazón de Sudamérica. Los aymaras y quechuas creen que el conflicto ordena, pone las cosas en su lugar, el caos de la batalla se entiende como una expiación de trabas, un sinceramiento de posiciones y la construcción de un orden. Veamos cuanto ha ordenado esta visión ritual de la violencia el campo político boliviano.
La bandera de esta resistencia no es un partido ni una figura. Es la Constitución misma —el texto que el Estado está obligado a respetar y que hoy se ha convertido en la demanda mínima del pueblo movilizado y en el mayor temor de quienes se benefician del desorden actual.
El gobierno, sin legitimidad y carente de propuestas, en lo único que está afanado es en desmontar el Estado Plurinacional y volver a la República para gobernar para la élite empresarial y política
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