El giro hacia la derecha del actual gobierno colombiano, el creciente fascismo mundial y la desesperanza en las mentes y corazones de las personas, son retos actuales en todos los planos posibles de observar para las comunidades, los territorios y por supuesto para el trabajo de base.
En el desarrollo de un salto que le dieron a la guerra contrainsurgente con la creación por parte del Estado del paramilitarismo, este encontró en el narcotráfico su principal fuente de financiamiento y sus agenciadores, el Pentágono y los señores de la guerra, la clase política colombiana más recalcitrante en asocio con los militares, sostuvieron sus ejércitos ilegales a muy bajo costo.
En la situación del caso colombiano no hay que perder de vista que el detonante de las protestas de 2021 fue la regresiva reforma tributaria de Duque, problema que sigue latente ante el creciente déficit fiscal, siendo previsible que el próximo gobierno intente otra reforma tributaria que seguramente se cargará en contra de los trabajadores.
No podemos pasar de largo y estamos obligados a mirar con atención los receptores de «dineros calientes» del «amo del Norte», ONG y algunas organizaciones sociales y hasta instituciones del actual Gobierno, que lamentan la decisión de Trump. Piensan que la gente se traga el «sapo» que esos dineros vienen con destinos bien intencionados.
Rechazamos y condenamos las amenazas contra nuestros compañeros/as de SINTRAUNICOL; y exigimos a las disidencias de las FARC de la Columna móvil Jaime Martínez que emitió el panfleto amenazante, cesar toda persecución con fines de exterminio y respetar la vida e integridad física de los compañeros sindicales y sus familias.
En este teatro de la posverdad, las palabras pierden su significado. Hablamos de «paz» mientras se militarizan los territorios; se invoca el «orden» para justificar doctrinas represivas importadas de agencias estadounidenses.
Colombia no puede continuar siendo un peón en el tablero de ajedrez de las potencias globales. Con ocho bases militares estadounidenses en su territorio, el país se ha convertido en un enclave estratégico que responde a intereses ajenos, sacrificando su independencia y colocando a sus ciudadanos en el centro de una guerra que no les pertenece. Más allá de los discursos diplomáticos, la realidad es que estas bases representan una violación a la soberanía nacional y, en muchos casos, han estado vinculadas a denuncias de abusos, tráfico de influencias y corrupción.
La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos – CCEEU, plataforma conformada por 285 organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, expresa su desconcierto y preocupación ante la designación de un militar, y más aún de un general de las Fuerzas Militares, al frente del Ministerio de Defensa.
Esta decisión, tomada por el Presidente Gustavo Petro, representa un grave retroceso democrático, y contradice los esfuerzos históricos forjados a lo largo de décadas de luchas sociales que permitieron consolidar la primacía del poder civil sobre el militar en el Ministerio de Defensa.
Lo que se ha observado en los dos últimos años es que los sectores capitalistas tienen el poder para imponerle al gobierno el sostenimiento de esos subsidios mediante la presión mediática (salud, gas), a través de paros (camioneros, y motociclistas), e incluso por la vía de las altas Cortes, como acaba de suceder en el sector salud.
La estigmatización y el señalamiento han formado parte fundamental del proceso genocida contra las organizaciones populares que han defendido el territorio y le han apostado históricamente a la construcción de proyectos de vida digna y de una paz con justicia social, consecuencia de ello, han tenido que afrontar judicializaciones, asesinatos, desapariciones forzadas y toda suerte de hostigamientos y controles, que están lejos de quedar en el pasado.
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