La comunidad mapuche pewenche Rgaliko (Lob Rgaliko), del Alto Biobío, emitió una denuncia pública tras el violento desalojo ejecutado el pasado 23 de abril por fuerzas represivas del Estado chileno, apoyadas por particulares.
En la reciente Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE), realizada en Chile, se exhibieron sistemas desarrollados en un contexto de guerra, entre ellos, el dron ucraniano “Vampire”. Su presencia no solo da cuenta del interés por posicionar este tipo de tecnologías en el mercado chileno, sino también de la intención de abrir espacio a eventuales adquisiciones por parte del Estado.
«No permitiremos más actos de racismo y tortura psicológica, como las amenazas de alejarnos de nuestras familias y de nuestra cultura ancestral mapuche.»
El verdadero trasfondo del debate no es un supuesto estancamiento económico, sino el límite político a la capacidad de una industria para seguir expandiéndose sin contrapesos ecológicos ni territoriales
A extender la esperanza y abrir caminos anchos a los hondos anhelos de cambio. ¡Adelante!
Ya en los días previos, el mismo grupo —vinculado a organizaciones que negocian y reciben financiamiento directo de la empresa estatal noruega Statkraft— había intentado prohibir el entierro del peñi Jaime.
El asesinato de Roberto Chávez ocurre a cinco meses de los ataques perpetrados por sicarios contra el ambientalista Javier Gómez la noche del seis de noviembre de 2025. Eventos que fueron denunciados ante la autoridad competente y que sin embargo han quedado impunes hasta ahora.
Pese a la gravedad de ambas aristas, ni él ni sus superiores se han pronunciado hasta la fecha.
Abal Oña plantea un escenario de «tormenta perfecta»: si confluyen la fuerza urbana —transportistas, maestros y amas de casa, duramente golpeados por la crisis de los combustibles— con el movimiento indígena movilizado contra el avasallamiento territorial, el gobierno enfrentará una situación insostenible.
“Este objetivo de que la imputada prestara colaboración se traduce en la formalización no como un ejercicio comunicativo, y mucho menos como una garantía procesal, sino como un mecanismo funcional para que una persona imputada sea doblegada, sea compelida a la renuncia de uno de sus derechos más importantes de un procedimiento racional y justos, contemplados en diversos instrumentos legales y tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes”
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