La experiencia chilena muestra con nitidez que la política monetaria no controla la economía real, sino que protege a los acreedores. Acreedores conformados por el sistema bancario nacional y transnacional. En Chile, este principio fue elevado a dogma constitucional y se convirtió en la base del régimen político.
No hay independencia de clase sin un programa, estrategia y política que tengan como eje la organización y lucha contra el capital y el Estado burgués. La ruptura de la clase obrera con el conciliacionismo de clases no depende de medidas organizativas. Lo organizativo se ordena a partir de una teoría y una política definidas, y no al revés.
Desde el 8 de noviembre de 2024, que se perdió su rastro, hasta el 8 de septiembre de este año, ya serán 10 meses sin que sus hijos, hijas y nietas cuenten con sus cuidados. La lucha por verdad y justicia para Julia Chuñil se enmarca en la defensa de los defensores de los territorios arrasados por el extractivismo, forestal en este caso.
Nuestra solidaridad con Mauricio Hernández Norambuena. Nuestra solidaridad con Palestina. Con Allende en la memoria…
La demanda central es la construcción de un puesto de salud con personal permanente, que evite más muertes por causas prevenibles.
Las consecuencias del uso masivo del crédito, forzado por la cuasi eliminación del Estado de los servicios sociales, la desregulación de la actividad económica, los bajos salarios y la desprotección en una sociedad caracterizada por la masiva concentración de la riqueza en pocas manos y una injusta distribución del producto, son preocupantes para utilizar un término comedido
La conciencia revolucionaria es conciencia del carácter humano que poseen tanto la incorrección de las relaciones sociales como la posibilidad de su superación.
El ELN jamás ha estado vinculado al narcotráfico. En el futuro todas estas mentiras se caerán. Ese momento llegará.
«Esta ley antiterrorista que aplicaron tiene un énfasis sobre todo preventivo. Permite una criminalización anticipada de quienes se entiende que estarían organizándose con esas finalidades»
Marcos legales como la ley de Violencia Escolar (2010) o la ley Aula Segura (2018), han instalado una cultura escolar punitiva y segregadora, que ha “judicializado” las relaciones pedagógicas, dando espacio a tratos que transgreden los derechos humanos de estudiantes y sus familias»
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