El trabajo no solo documenta la resistencia de estas tres mujeres, sino que también expone la complicidad del Estado en la expansión del extractivismo en Wallmapu. En un escenario donde la militarización del territorio mapuche se ha institucionalizado desde 2021 mediante el Estado de Excepción, prolongado por dos administraciones consecutivas
No hay aún juicio ni imputados. Se desconocen por completo las líneas de investigación desarrolladas por el fiscal Carlos Bahamondes en la demanda por secuestro y posible homicidio. No hay medidas urgentes adoptadas al respecto por el Fiscal Nacional Ángel Valencia, o por el Presidente Gabriel Boric y su Plan de Búsqueda, o por la ministra Antonia Orellana del Ministerio de la Mujer, o el Director de CONADI, Álvaro Morales.
Entrevistamos a Josefa Ainardi y Victoria Bórquez, abogadas del Preso Político Mapuche Héctor Llaitul Carrillanca, referente histórico y vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), condenado a 23 años de prisión por la Ley de Seguridad Interior del Estado, a propósito de la reciente presentación de la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Si hoy existe una absolución a favor los Mapuche, se debe a la determinación firme y consecuente de los peñi de buscar una alternativa en la defensa particular. Trabajo que coordinó de manera clara y eficiente el Lonko Víctor Quiepul y el apoyo permanente de las comunidades mapuche de la zona y los familiares de Prisioneros Políticos Mapuche.
En el siguiente audio escuchamos palabras de Liliana Curiñanco Nahuelquir y Rosa Nahuelquir, quienes cuentan lo que han pasado en estos más de veinte años de conflicto con la firma italiana Bennetton y los estados.
El Tribunal en lo oral y lo penal de Temuco, desestimó varias causas, y al machife sólo se lo sentenciará por usurpación del territorio recuperado y por el daño a un portón. Cabe aclarar que a la condena que reciba se le descontarán los años que estuvo bajo presidio domiciliario.
El movimiento por Julia Chuñil ha emplazado nacional e internacionalmente al gobierno chileno y al Estado para su más pronto hallazgo con vida.
Estas pruebas manipuladas, fueron utilizadas para presionar a los jueces que ordenaron mi detención y posterior prisión preventiva, con graves consecuencias para mi familia, incluyendo la pérdida de mi trabajo, el allanamiento de mi casa – donde se llevaron pertenencias personales de mi esposa e hijos – y la separación como familia durante los 6 meses y medio que estuve aislado en la cárcel de alta seguridad en Valdivia.
Una de las armas que ha tenido desde siempre el Estado en su afán por deshacerse del pueblo mapuche que afea el paisaje, ha sido el silencio, el desprecio y, por cierto, las leyes y los tribunales.
Este contexto refuerza las críticas hacia el gobierno de Gabriel Boric, cuya gestión prometía un enfoque distinto en el tratamiento de las demandas Mapuche, pero que, según los comuneros, ha caído en la misma política de militarización y protección del gran capital que han impulsado gobiernos anteriores.
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