Camacho y su camarilla ya no sólo castigan al pueblo trabajador, campesino e indígena del departamento, su economía y normal curso de la enseñanza escolar y universitaria, sino que agregaron ahora el servicio de salud para la población.
La lucha de clases se concentra en Santa Cruz.
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el jefe de su ultraderechista grupo cívico, Rómulo Calvo, van quedándose solos en su peregrino intento de inestabilizar al Gobierno democráticamente elegido de Luis Arce y David Choquehuanca, mediante un paro que, sin masividad ni apoyo, ha recurrido a la violencia y el daño al pueblo trabajador cruceño.
Arce indicó que el Modelo Económico Social Comunitario Productivo de Bolivia ha permitido la estabilidad de los precios de los productos y servicios más necesarios para la población, la distribución progresiva y equitativa del ingreso, y la sorprendente caída de los índices de pobreza que ha distinguido al país de muchos países de la región y del planeta.
En tanto, el representante del Bloque Oriental que reúne las fuerzas democráticas de la región, Franklin Vargas, solidarizó con Felipa Montenegro, y añadió que las amenazas de la ultraderecha apuntan a todo el pueblo cruceño, a las clases más empobrecidas y que necesitan trabajar de manera perentoria.
Lo que sí es cierto, tiene que ver con la pobrísima convocatoria que ha tenido Camacho y su paro, más imaginario que real, y mucho más insignificante que eficaz.
En tanto, representantes del Gobierno nacional y las agrupaciones populares que efectuaron el Gran Cabildo del Pueblo por la Democracia y contra el paro, se reunieron para evaluar las determinaciones que la concentración de un millón y medio de personas aprobó el pasado viernes 21 de octubre.
De todos modos, la ministra Prada insistió en que el espacio de diálogo continúa abierto para el Gobierno, pero señaló que los cívicos de Camacho, o sea las bandas racistas que tratan de paralizar a la fuerza la zona, serán los responsables de los hechos de violencia que puedan ocurrir.
Tras la condena de Murillo en las cárceles estadounidenses, el delincuente tiene que ser puesto en manos de la justicia boliviana por otros crímenes que adeuda, por lo cual desde ya se están realizando los trámites para su extradición o deportación, según los convenios establecidos al respecto entre el Estado Plurinacional de Bolivia y Estados Unidos.
Arce precisó que la derecha golpista sabe perfectamente que la base y fuerza del Gobierno se encuentra en la unidad blindada de los movimientos sociales, por lo cual la reacción sediciosa intenta penetrarlos y fragmentarlos. En el mismo sentido, dijo que el golpismo aventurerista tiene como enemigo principal la convicción de trabajo y paz de las mayorías sociales.
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