El 8 de enero fue el acontecimiento más contrarrevolucionario en Brasil desde el golpe de 1964. Mucho más reaccionario y peligroso que las movilizaciones reaccionarias inspiradas por el Lava Jato que culminaron en el golpe institucional contra Dilma Rousseff. Fueron la antesala de una amenaza de guerra civil.
Los delitos por los cuales serán procesados son intento de golpe de Estado, asociación criminal armada, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y daños al patrimonio nacional.
La medida hecha pública el domingo 15 de enero, situó a la comunicadora social Kariane Costa como la nueva responsable de la Empresa Brasileña de Comunicación, EBC, de la cual se desprenden medios estratégicos como la Agencia Brasil, TV Brasil, la emisora Radio Nacional, entre otros.
La importancia estratégica de la movilización y organización desde abajo en el próximo período también se deriva del hecho de que el gobierno de Lula no solo está compuesto por sectores de izquierda, sino también por segmentos de derecha, vinculados a la clase dominante. Este gobierno de frente amplio siempre tendrá contradicciones y límites. Será necesario abrir el camino a la izquierda con la lucha de masas, la organización de base y el desarrollo de las autodefensas de los movimientos y organizaciones de la clase obrera, para derrotar al bolsonarismo y lograr los cambios necesarios, incluida la garantía del castigo a los fascistas.
Anderson Torres se mantenía en funciones cuando ocurrieron los hechos golpistas del 8 de enero. Junto a él, también está detenido el coronel Fabio Augusto Viera que fungía de jefe máximo de la policía militar durante la acción antidemocrática.
El dirigente social Rud Rafael puntualizó que el fascismo brasileño involucra a poderosos sectores de las clases dominantes y que cuentan con un proyecto, más allá de seguir a uno u otro caudillo.
Pero la contraofensiva tiene que ir más allá de la respuesta institucional. Será en las calles donde deberemos medir nuestras fuerzas con el golpismo.
«El eje es no tener ninguna confianza ni acuerdo con Bolsonaro y sus seguidores, y que todos ellos deben ser identificados y metidos a la cárcel. No puede haber ninguna amnistía. Ni olvido ni perdón para estos tipos.»
Lula denunció que la destrucción de los edificios de las entidades públicas fueron alentadas por el exmandatario, el neofascista Jair Bolsonaro, que se encuentra de «paseo» en Orlando, Estados Unidos y sobre el que caerá todo el peso de la ley, y la ausencia de las medidas de seguridad de la región.
PR citó el hambre, la pobreza, la agricultura familiar, Bolsa Familia y recuperación económica entre las prioridades
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