Uno de los rostros más dolorosos de esta ocupación es el impacto profundo y persistente en las infancias mapuche. Niñas y Niños crecen rodeados de tanquetas, helicópteros y fusiles, enfrentando controles armados en sus caminos cotidianos.
El gobierno actual es el peor gobierno que nos ha tocado vivir desde la dictadura militar. Lo graficamos de la siguiente manera: este 18 de mayo se cumplen 3 años ininterrumpidos del Estado de Excepción, que en concreto significa tanquetas, blindados, helicópteros, drones y numeroso personal militar y policíaco para la defensa irrestricta de las faenas y los intereses de los grupos económicos que arrasan el Wallmapu con su políticas extractivistas.
«Hoy está lleno de cuarteles militares en territorio mapuche, en un escenario muy similar a lo que ocurrió hacia fines del siglo XIX, en el llamado proceso de ‘pacificación de La Araucanía’ que fue un genocidio sobre nuestro pueblo»
Sin duda el objetivo era desvirtuar e intentar vaciar la causa Mapuche autonomista de definiciones anticapitalistas y revolucionarias.
Con todo lo anterior, se hace dudosa las «buenas intenciones de una solución pacífica» al conflicto político que existe entre el pueblo mapuche y el Estado chileno. Los resultados de la Comisión de Paz y Entendimiento son poco creíbles y confiables ante todo lo que estamos viviendo.
Es preocupante cómo la Fiscalía actuó en conjunto con carabineros de Chile, el tribunal oral en lo penal de Angol, los querellantes institucionales y la delegacion presidencial, representadas por el Abogado Ignacio Saldivia Saravia. Allí la Fiscalía logró incorporar el relato de uno de los dos testigo protegidos, que consta en 5 declaraciones escritas distintas y en diferentes años.
Al abrirse la carpeta investigativa tras cinco meses de secreto, se confirmó que la investigación de la Fiscalía no tomó en cuenta las denuncias previas sobre constantes amenazas a Julia Chuñil proferidas por el empresario Juan Carlos Morstadt Andwanter. El principal sospechoso señalado por la familia está interesado en explotar forestalmente las hectáreas que la cuidadora del bosque nativo, las aguas y la semilla estaba protegiendo por ser tierras ancestrales de su comunidad.
De acuerdo a lo señalado desde la comunidad, estos sitios instalados sin que se respeten los derechos indígenas, han envenenado la tierra y agua por décadas, mientras autoridades incumplen en fiscalizaciones.
Comisión que nace, sesiona y concluye en medio de un Estado de Excepción activo sobre aquel territorio objeto de la misma, no tiene legitimidad. Quieren “hacer política”, aunque el término les quede grande, con la pistola sobre la mesa y los milicos sitiando comunidades.
«Nos enorgullece profundamente volver a retomar estas prácticas de apoyo mutuo entre los territorios, uniendo pensamientos y fuerza por la defensa de nuestra mapu ka labken»
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