Estas medidas representan un grave retroceso que no solo profundiza la exclusión y precariza la vida de las personas migrantes, sino que también debilita el Estado de Derecho al imponer sanciones desproporcionadas, basadas en prejuicios y procedimientos sin garantías procesales. Las barreras adicionales al acceso a la nacionalidad y a la regularización migratoria no solo perpetúan la discriminación, sino que impiden la inclusión armónica y plena de las personas migrantes en el país, negándonos el reconocimiento como parte de la sociedad chilena.