
Este 10 de noviembre, 15 eurodiputados denunciaron el terrorismo fascista del sicariato racista cruceño y convocaron a Alto Representante de la Unión Europea, Joseph Borrell, a expresar su solidaridad con el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia que hoy lucha por la paz y el diálogo para su pueblo.
En su declaración, los europarlamentarios de España, Portugal, Irlanda, Bégica, Grecia y Francia, señalaron que, «Promovidas por el Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, está teniendo lugar una serie de protestas violentas que ya han provocado cuantiosas pérdidas económicas, asi como escacez de combustibles y alimentos que afectan sobre todo a la población trabajadora de Santa Cruz», y agregaron que, «Aunque la motivación alegada para las protestas es la postergación técnica del Censo de Población y Vivienda -originalmente programado para el 2023, pero reprogramado para el 2024, por motivos exclusivamente técnicos, con el consenso de 8 de los 9 gobernadores del país en una reunión a la que Luis Fernando Camacho decidió unilateralmente no asistir- el objetivo real de las protestas es la desestabilización del país y la deslegitimación y desgaste del Gobierno democráticamente electo».
Los parlamentarios europeos recordaron que «el Gobernador de Santa Cruz, principal promotor de las protestas, ha sido imputado por la Fiscalía en el caso Golpe de Estado I, al ser considerado como una de las piezas claves en el golpe orquestado contra el expresidente Evo Morales, en noviembre de 2019», y añadieron que, «Ante la gravedad de las protestas, el Gobierno presidido por Luis Arce ha hecho un llamado al diálogo y la búsqueda de una salida pacífica, tal y como desea la inmensa mayoría del pueblo boliviano».
Los eurodiputados solicitaron al Alto Representante de la Unión Europea que «condene de manera clara la violencia, muestre el respaldo inequívoco de la UE al Gobierno presidido por Luis Arce en su incansable labor en defensa de la democracia y haga un llamamiento al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a poner fin a la escalada de protestas y a participar de las negociaciones auspiciadas por el gobierno democrático».