Por Andrés Figueroa Cornejo

Este viernes 11 de noviembre, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) y jefe del llamado Comité Interinstitucional de Santa Cruz, Vicente Cuéllar, después de tres semanas de paro sedicioso, minoritario en participación cruceña pero altamente violento debido a la instrumentalización de bandas criminales del sicariato al servicio de la facción más racista, autoritaria y conservadora de la oligarquía cruceña, reconoció su acuerdo con la fecha del Censo consensuado por el Comité Técnico propiciado por el Gobierno Nacional, el cual determinó que el resultado del registro de población y vivienda sólo es posible de realizar el 2024, pero no el 2023.

Cuéllar, uno de los individuos de ultraderecha a la cabeza del paro golpista de Santa Cruz junto a Rómulo Calvo y Luis Fernando Camacho, por «división de funciones» y/o reyertas internas del grupo extremista, funge de «vocero» y dijo que el domingo 13 de noviembre, en un acto abierto se resolverá si persiste o no el paro.

Otra autoridad de la UAGRM, Manfredo Bravo, reconoció que la gente movilizada en el paro departamental ya está agotada y que los bloqueos que restan permanecen controlados por miembros del crimen organizado. De hecho, esas mismas bandas delictivas han protagonizado incidentes violentistas contra personas comunes y corrientes, que han terminado con tres muertos, una violación en grupo, transgresiones de los derechos humanos de indígenas, ataques a periodistas en el ejercicio de su trabajo, incontables heridos y golpizas, impedimento del libre tránsito para la salud de emergencia, cobros de peaje para atravesar tal o cual calle, etc.

En este sentido, y ofreciendo muestras de desesperación ante la descomposición, pérdida de sentido y ocaso del paro de tintes fascistoides, bandas violentas de Camacho y Calvo, luego de atacar una manifestación pacífica que exigía el fin del paro, ocuparon e incendiaron parte de las instalaciones de la sede de la Federación de Campesinos de Santa Cruz, cuyas llamas fueron aplacadas minutos después por los bomberos.

Al respecto, el secretario general de la Federación, Ponciano Cruz, denunció a los medios de comunicación que el objetivo de las agresiones terroristas era asesinar a los dirigentes de la organización. En línea, el dirigente de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz, Rolando Borda, conminó al Gobierno a aplicar todo el rigor legal que garantiza la Constitución para estos casos.

Asimismo, el representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Édgar Salazar, acusó a los grupos neofascistas de estar implicados en la muerte del ciudadano Julio Taborga; de Eduardo Arancibia, degollado por un cable que sin ninguna marca visible era empleado para obstaculizar una vía pública; y de Eduardo Sosa.Mientras Camacho, Calvo y los poderes e intereses que se encuentran tras de ellos ofrecen sus últimas acciones terroristas contra la población cruceña, las horas transcurren rápido hacia el cabildo departamental del 13 de noviembre que resolverá si continúa o no un paro cuyo apoyo va desintegrándose por minuto.

A nivel internacional, no sólo la solidaridad de los pueblos latinoamericanos exige el término inmediato de las acciones violentistas de Luis Fernando Camacho y su camarilla, sino también las fuerzas democráticas de la Unión Europea y el mundo.

Hacia la decadencia de un movimiento de motivos sediciosos y golpistas, envuelto en falsos argumentos sobre la fecha del Censo, se observa la necesidad imperiosa de un juicio contra los autores políticos de este crimen que no puede repetirse jamás.