En calidad de Presidente Honorario y de Coordinadoras Nacionales, manifestamos suma preocupación por los hechos de represión que han ocurrido esta mañana (17 de junio), y están llevándose a cabo en este momento (16hs), en los que se está reprimiendo a integrantes de las diferentes comunidades indígenas de la Provincia, que se encuentran ejerciendo su derecho a la libre manifestación y protesta social, tal como es garantizado en los art. 14 CN y 75 inc. 22 (art. 13 CADH, art. 19 PIDCyP, art. 4 DADDH, y art. 19 DUDH).

Tal como como lo han expresado en las manifestaciones que se vienen llevando adelante, la población está en contra de la sanción de la Constitución provincial que ha sido votada el día vienes 16 de junio por la noche.

De acuerdo con quienes hemos conversado, lo que se cuestiona, no solo es la forma de cómo se dio el proceso, si no que en el nuevo texto constitucional provincial vulnera derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional, como ser el derecho a la protesta, pero particularmente afecta a los derechos de posesión y propiedad de las tierras y territorios de las casi 400 Comunidades indígenas que posee la Provincia de Jujuy. Esta circunstancia es claramente contraria a lo que dispone el art. 75 inc. 17 CN y los tratados internacionales que forman parte de ella (art. 21 CADH).

Ante esta situación, les solicitamos a la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación y al Gobierno del Sr. Gobernador, Gerardo Morales que arbitren los medios necesarios a los fines de garantizar la integridad física y la vida de las personas que se están manifestando en los diferentes lugares de la Provincia de Jujuy, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y protesta social.

Por otro lado, les manifestamos a todos los integrantes de los partidos políticos de la Provincia de Jujuy que, a los fines de fortalecer la democracia, y que, con el respeto a los derechos humanos, son valores indivisibles de nuestra sociedad, revean su postura y reviertan la aprobación de la Constitución Provincial a los fines de encausar los reclamos de la sociedad jujeña y retomar una senda de dialogo que fortalezca las instituciones.

Una norma constitucional no se puede imponerle a la población a través del uso represivo de la fuerza, ya que la Constitución es una norma que emana de la construcción social, y como tal es la forma en que la sociedad llega a un acuerdo social, de cómo convivir en sociedad. Con lo que está sucediendo, con los hechos de represión en diferentes partes de la Provincia, y detenciones arbitrarias a más de 40 personas, no se estaría cumpliendo con el principio más básico de la función de la Constitución, en este caso provincial.

Esperando que las autoridades reflexionen al respecto, les solicitamos que arbitren los medios necesarios y que se garantice la integridad física y la vida a las personas que están ejerciendo su derecho a manifestarse libremente.

Reciban un Saludo de Paz y Bien.

Adolfo Pérez Esquivel
Presidente Honorario del SERPAJ
Premio Nobel de la Paz