por José Adriano Anaya

El 11 de enero hubo un enfrentamiento armado en la frailesca, la carretera en Frontera Comalapa tuvo cierres y en Berriozábal hubo un ejecutado, con quien dejaron un aviso dirigido a un alto funcionario de la secretaría de seguridad pública; todo esto en medio de una postura de la fiscalía del Estado que emite boletines negando la violencia que hay en Chiapas, cuando la falsedad del gobierno se manifiesta en los propios boletines, que no logran engañar al grueso de la sociedad, que reconoce, que como nunca, la violencia está presente en la sociedad.

Qué cara pusieron el fiscal del Estado y la comisionada de la secretaría de seguridad cuando leyeron el letrero dejado en el ejecutado en Berriozábal, que señala abiertamente a un funcionario que ha sido multicitado por los tratos con la delincuencia organizada y pese a ello se mantiene firme en su cargo, con un gran respaldo gubernamental, que solo falta que el gobernador le haga un reconocimiento público por su desempeño.

En Chiapas no hay gobierno y la mesa de seguridad, que tiene un récord increíble por el número de sesiones realizadas, ha demostrado que no sirve para nada. Es inadmisible, que en esa mesa de seguridad no se discuta que hay presidentes municipales involucrados con la delincuencia y que en algunos municipios son los propios presidentes lo que son los jefes de la plaza. Esta información la conoce la población y no deja de sorprenderse cuando el gobernador realiza gira en esos municipios y aparece al lado de los presidentes municipales que protegen a la delincuencia y en algunos casos ha felicitado por su desempeño a estos presidentes; algunos de ellos están en busca de la reelección, otros se promueven para la diputación y, en el mayor descaro, hay quienes promueven a sus hijos para sucederlos, todo esto con la complacencia del gobierno.

Hay una descomposición en el ejercicio del poder, en el que la política se ha pervertido y la transformación largamente difundida, está mostrando la construcción de un narcogobierno, que todavía es posible revertir y mostrar un rostro nuevo para Chiapas, pero se requiere poner límites a la corrupción en las dependencias responsables de la seguridad, en donde hay funcionarios que reciben dinero de ambos cárteles en disputa y se ha llegado al extremo de que en las mismas dependencias y corporaciones policíacas hay quienes trabajan con el cártel Jalisco y quienes colaboran con el cártel de Sinaloa.

Bajo estas condiciones, es prácticamente imposible desarrollar una política eficaz de seguridad en Chiapas, pero el gobernador se resiste a realizar los movimientos en el gabinete y con ello se ha convertido en un gobernante que por acción, omisión o aquiescencia, es responsable de la inseguridad y violencia que se vive en Chiapas.