por Andrés Figueroa Cornejo

El Comando Central del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), hizo eco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la reciente semana denunció al régimen colombiano por haber asesinado el 83 por ciento de los Defensores de Derechos Humanos (DDHH) que fueron muertos en todo el continente durante el 2023.

De acuerdo a la CIDH, la persecución y exterminio sistemático se concentra en los liderazgos populares que protegen la biodiversidad y el territorio, en particular en el suroccidente colombiano (Cauca, Putumayo, Nariño, Valle del Cauca), a quienes además estigmatizan, porque según la entidad internacional, “es de especial preocupación que provengan desde las más altas autoridades, que de manera pública y reiterada cuestionan la independencia y veracidad sobre el trabajo realizado por organizaciones defensoras de DDHH”.

Al respecto, el ELN señaló que «Consumado este genocidio, las élites dominantes lo tapan con impunidad, por lo cual la CIDH llama al Estado a investigar, juzgar, sancionar y reparar estos crímenes de lesa humanidad» y agregó que los crímenes «revisten el carácter de Genocidio continuado, que nunca se detiene y se incrementa según sea la crueldad del gobierno de turno. El supuesto posconflicto que debía darse luego de la desmovilización de las Farc en 2016, mutó hacia una mayor ferocidad contra los líderes populares y contra la protesta social. Según documenta Indepaz, el acumulado de asesinato de líderes en los últimos años es de 109 el 2016, 163 el 2017, 249 el 2018, 219 el 2019, 252 el 2020, 165 el 2021, 187 el 2022, y de 105 el 2023.»

La organización revolucionaria planteó que «detrás de este Genocidio del liderazgo popular se encuentra el viejo régimen especializado en perseguir y exterminar a quienes se le oponen, y en la defensa de la vida y el territorio se alzan las comunidades y sus líderes, exigiendo ser consultados, tenidos en cuenta y no despojados por cuenta de los megaproyectos mineros y de infraestructura que saquean los bienes naturales a nombre del modelo económico extractivista, autodenominado Locomotora Minera» y añadió que «La reparación de las víctimas de este Genocidio que exige la CIDH, implica que desmonten la Doctrina de Seguridad que manda a perseguir y exterminar; que desarmen los brazos que perpetran esta matanza; que asuman responsabilidades los determinadores, y que haya un cambio en el modelo productivo, que no implique depredar la Madre Tierra ni diseminar la penuria y el dolor como una peste».