por Andrés Figueroa Cornejo

El Comando Central del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN, denunció que la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y del Desastre (UNGRD), con la compra de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira, involucró a los jefes del Congreso y del Partido Verde, evidenciando cómo la corrupción lubrica al Estado y al viejo régimen.

Tras revelarse el escándalo, la ex-alcaldesa de Bogotá, Claudia López, una de las promotoras de la Consulta Popular Anticorrupción del año 2018, fue convocada por la Fiscalía General de la Nación debido a la desviación de 12 mil millones de pesos del proyecto del Metro, con el propósito de financiar la campaña al Senado de su esposa, Angélica Lozano, quien también será investigada por la Corte Suprema de Justicia por el mismo caso.

Ante los hechos, la insurgencia revolucionaria expresó que «La historia de Colombia es la historia de la corrupción de la élite oligárquica que toma el Estado como fuente de acumulación de riquezas, robándose los recursos que aportan los colombianos con sus impuestos y saqueando los bienes públicos», y añadió que, «Los tres presidentes que ha tenido Colombia desde que inició este siglo, antes de llegar Gustavo Petro a palacio de Nariño, han estado inmersos ‘hasta los tuétanos’ en la corrupción: narcopolítica y Yidispolítica para la elección y reelección de Uribe; coimas de Odebrecht para la elección de Juan Manuel Santos y otra vez narcopolítica (Ñeñe y sus secuaces) para la elección de Iván Duque».

El ELN abundó en sus argumentos, detallando que «existen otros casos emblemáticos en diferentes épocas y entidades del Estado y programas de los gobiernos, como Agro Ingreso Seguro, Reficar, Ecopetrol, PAE, corrupción en las Fuerzas Militares y de Policía, EPS, Fiscalía General de la Nación, y las altas cortes no podían faltar», y «Las 1.750 narcovacas decomisadas el año pasado en España refleja el entramado mafioso entre grandes ganaderos, el narcotráfico y militares colombianos, porque el narcotráfico y la mafia hace parte del inventario del Estado y el régimen».

La agrupación rojinegra precisó que «La arquitectura política y jurídica del país garantiza una inmunidad de clase, para que los poderosos nunca puedan ser juzgados por sus delitos. La desaparición de pruebas, el chantaje, el soborno, el asesinato de testigos y denunciantes son métodos empleados para mantener la impunidad; como el caso de los 6.402 Crímenes de Estado, llamados con el eufemismo de falsos positivos. Asimismo, mantienen en libertad a Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del grupo Aval y el hombre más rico de Colombia, quien aceptó en Estados Unidos su responsabilidad en pagos de soborno con Odebrecht a funcionarios colombianos. Cabe recordar que en este caso, perpetraron dos asesinatos con cianuro, Jorge Pizano y su hijo Alejandro».

En igual sentido, el ELN indicó que esa misma corrupción del régimen fue la que no permitió que se aprobara la Consulta Popular Anticorrupción de 2018, a pesar de lograr 11 millones 645 mil votos, la mayor votación registrada hasta ahora en la historia del país.

La insurgencia de Camilo Torres declaró que «En este momento de un Gobierno progresista también hay comportamientos corruptos a pesar de la vehemencia con que Petro llama a practicar la honradez. Esto demuestra la tesis de que el régimen además de corrupto es corruptor. Por lo tanto, se necesita una verdadera transformación política, ética, cultural e ideológica, en donde la nueva gobernanza no puede estar sujeta a acuerdos con los que asumen la política como oportunidad de enriquecimiento personal o de grupo, ni con los que tienen «emprendimientos» con dineros del narcotráfico».