por Julio C Gambina
Milei termina el año con Presupuesto 2026 aprobado y una legislación para inducir la inclusión de “dólares del colchón” en el sistema financiero. Son dos cuestiones esenciales en la lógica del gobierno. El presupuesto era demandado por el poder mundial, los acreedores externos, el FMI, el Tesoro de EEUU, los futuros inversores internacionales y el poder local a ellos asociado. Todo el poder clamaba por “seguridad jurídica y política”, algo logrado con el resultado electoral del medio término (26/10/25), incrementado con la cooptación de legisladores de otros partidos, que convirtieron al oficialismo en la primera minoría en la Cámara de Diputados para el nuevo periodo parlamentario iniciado el 10/12/25. Esa minoría fue incrementada en el Senado de la Nación, gracias a negociaciones con gobernadores, quienes instruyeron a sus representantes a acompañar el objetivo del gobierno nacional por aprobar el Presupuesto 2026.
Hay que recordar que La Libertad Avanza (LLA), el partido del oficialismo nacional, no gobierna ningún distrito. Por eso sostenemos que la aprobación de la Ley de Presupuesto es un logro político, que se ofrece al poder económico, local y mundial como la capacidad de disciplinar al sistema político, a la democracia realmente existente. Al consenso electoral social le suma un amplio consenso legislativo.
Hemos sostenido que no importa tanto la veracidad de las cifras contenidas en el Presupuesto aprobado, ya que lo destacable es la capacidad de haberlo hecho aprobar, luego de dos años, 2024 y 2025, de funcionamiento sin el instrumento presupuestario.
Más allá de los datos del Presupuesto, la realidad es la continuidad de la política de austeridad fiscal, de ajuste sobre el gasto público. Además, obtiene la autorización para endeudarse en divisas bajo legislación extranjera, imprescindible para acceder a recursos que puedan utilizar a los fines de cancelar vencimientos imposibles de resolver sin la suficiente acumulación de reservas internacionales. Como tienen límites para acceder al mercado financiero mundial, insisten con los “dólares del colchón”, y por eso la Ley de inocencia fiscal.
La inocencia fiscal actualiza los montos del régimen penal tributario, que pasan de 1,5 millones de pesos a 100 millones como límite para la evasión simple, unos 68.000 dólares aproximadamente al tipo de cambio oficial actual. Para la evasión agravada el límite se corrige desde los 15 millones a los 1.000 millones de pesos, equivalentes aproximados a 680.000 dólares. Quien tenga esas divisas sin declarar, podrá depositarlas en los bancos sin que estos demanden explicación del origen de esos fondos, los que podrían venir de actividades ilegales, caso del narcotráfico u otros delitos asociados al capitalismo criminal. Al ingresar al sistema financiero, esas divisas estarán reflejadas en las cuentas públicas, contribuyendo al acrecentamiento de las reservas internacionales. Esa es la preocupación gubernamental por lograr la aprobación de la ley, oportunamente presentada por el Diputado oficialista José Luis Espert, enjuiciado por vínculos y negocios con el narcotráfico. Ante las dudas de la banca, el ministro de Economía salió a ofrecer a quienes tengan dólares no declarados, la disponibilidad del Banco de la Nación Argentina (BNA), el mayor banco del sistema, para receptarlos ante cualquier negativa de otras entidades financieras. No es un dato menor para un gobierno liberal libertario hacer evidente la capacidad de intervención directa sobre una empresa bancaria, en este caso el BNA.
Ambas leyes constituyen un logro para la política oficial, que auguran la continuidad de la masacre social. Por un lado, consolida la continuidad del ajuste fiscal que impacta en los ingresos de las/os estatales, el gasto en la salud y la educación pública, entre muchos derechos contenidos en el gasto presupuestario. Por el otro, asegura condiciones para la rentabilidad del capital más concentrado, junto a la impunidad que supone el perdón ante la regularización por la tenencia de divisas no declaradas oportunamente.
Todo acontece en el marco de una tendencia recesiva, especialmente de la actividad económica orientada al mercado interno, con cierres de empresas y despidos, además de verificarse una merma en las inversiones externas directas en el 2025. Es una apuesta gubernamental revertir esa situación en el 2026 y siguientes años, para hacer realidad el repunte del capitalismo que imaginan los liberales libertarios.
La cuestión de fondo pasa por el consenso político de la sociedad, que trasciende lo logrado en las elecciones de octubre o en el congreso en diciembre. En efecto, el 2026, año sin elecciones y con impacto regresivo por el incremento de precios sostenido desde medio año, el descontento social puede crecer y transformarse en protesta extendida que discuta los consensos que enarbola el oficialismo. Claro que no alcanzará con la extensión del conflicto social y que será necesario, que al mismo tiempo que se critica, se construya una propuesta alternativa al rumbo del gobierno y sus cómplices en el sistema político. En todo caso ¡esa es la aspiración y nuestro deseo para el 2026, por lo que nos despedimos deseando un feliz año nuevo!
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