por Gorka Ovejero Ganboa

Cinco comuneros mapuche −Óscar Cañupan, Bastián Llaitul, José Lienqueo, Roberto Garling y Axel Campos− cumplen más de un mes en huelga de hambre en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco. Dos de ellos, José Lienqueo y Axel Campos, llevan varios días en huelga seca, sin ingesta de líquidos, y se encuentran en estado crítico con riesgo vital inminente, según reportes médicos independientes.

La protesta extrema ha colocado el caso bajo observación internacional, con expertos en derechos humanos y distintas delegaciones internacionales monitoreando la situación. La huelga no solo es una forma de lucha, sino un mensaje sobre la precariedad de la justicia para el pueblo mapuche en Chile.

La organización latinoamericana de derechos humanos Fundalatin, reconocida con estatus consultivo ante la ONU, ha enviado una delegación de observación jurídica al caso. La organización ha denunciado que el juicio presenta irregularidades graves que podrían reflejar una instrumentalización del sistema penal en el marco del conflicto mapuche.

Entre las irregularidades documentadas se encuentra la dependencia de testigos protegidos como principal base de la acusación, la desestimación de peritajes policiales que favorecían a los acusados, la imposición de penas desproporcionadas en relación con los hechos imputados −incendio de maquinaria y amenaza−, así como la falta de igualdad de armas procesales, que ha limitado la capacidad de defensa.

La organización advierte que estas fallas pueden constituir violaciones de estándares internacionales como la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, comprometiendo el derecho al debido proceso y a un juicio justo.

La combinación de más de 30 días de ayuno con días de privación total de líquidos coloca a los comuneros en riesgo de fallo multiorgánico en cuestión de días.

La ausencia de monitoreo médico constante, según observadores internacionales, constituye un incumplimiento de los protocolos internacionales de atención en huelgas de hambre. La negligencia médica podría ser considerada una violación directa de las obligaciones del Estado chileno como garante de la vida y la integridad física de las personas bajo custodia.

El «Caso Quilleco» se enmarca en un conflicto histórico y estructural entre el Estado chileno y comunidades mapuche que reclaman tierras, autonomía y reconocimiento cultural.

El uso del sistema judicial como herramienta de control en este contexto genera preocupación internacional sobre la imparcialidad y proporcionalidad de la justicia, especialmente cuando se aplican penas largas en juicios con vicios procesales evidentes.

Según Fundalatin, este caso evidencia cómo la justicia puede convertirse en un instrumento del conflicto, en lugar de ser un mecanismo de protección de derechos fundamentales.

Con la revisión del caso programada para el 1 de abril, la atención está puesta en la Corte Suprema de Chile. Redes de derechos humanos, equipos jurídicos de distintos países y organizaciones como Fundalatin seguirán de cerca la resolución, documentando el proceso como un posible precedente en materia de protección de pueblos indígenas y garantías procesales.

En juego no está solo la vida de cinco comuneros en huelga extrema, sino la credibilidad del sistema judicial chileno frente a estándares internacionales. Ignorar el contexto crítico de salud y las irregularidades denunciadas podría profundizar la crisis humanitaria y consolidar la percepción de que la justicia opera como factor de represión y conflicto, en lugar de garante de derechos humanos fundamentales.

Naiz