por Amanda Laredo

Los vínculos del abogado Luis Hermosilla tienen en prisión preventiva a una ex ministra de la Corte Suprema, Angela Vivanco, al exfiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, además de la formalización de dos exdirectores de la PDI.

Ahora la justicia debe investigar al ministro de la Corte Suprema Mario Carroza, al ministro de la Corte de Apelaciones Guillermo de la Barra y al propio Hermosilla por los delitos de prevaricación, cohecho y violación de secreto, tras la querella presentada por Mauricio Hernández Norambuena que sostiene la intervención y mantención indebida en su condena.

La acción legal que fue admitida a tramitación por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se remonta al año 2019 cuando los gobiernos de Chile y Brasil acuerdan la extradición de Mauricio Hernández Norambuena desde el país carioca. El convenio alcanzado entre ambos Estados señalaba que Chile debía conmutar las dos cadenas perpetuas que pesaban sobre el llamado comandante Ramiro -por el crimen de Jaime Guzmán y por el secuestro de Cristián Edwards- a un máximo de 30 años, límite impuesto por la Constitución brasileña.

Además, se debía restar todo el tiempo que estuvo privado de libertad por motivos de extradición. Primero, el plazo extendido entre el 28 de abril de 2003 y el 10 de noviembre de 2006, momento en que la sentencia de extradición quedó ejecutoriada, junto con los 12 días que se le mantuvo en una unidad policial, en 2019, a la espera de su traslado aéreo.

Sin embargo,  el juez de la Corte Suprema, Mario Carroza, en su rol de ministro en visita en la causa por el asesinato del senador de la UDI y el caso Edwards, solo reconoció los últimos 12 días de abono, ignorando los compromisos adquiridos por ambos Estados. Esto se produjo, según los abogados de la defensa, “por la relación de amistad y colaboración indebida entre el juez Carroza y el abogado Luis Hermosilla, quien en 2019 no solo era abogado de la familia Guzmán, sino asesor del Ministerio del Interior, ambos querellantes en la causa”, explica Yanira González Henríquez.

“El ministro Mario Carroza debió haberse inhabilitado de oficio y abstenido de conocer la causa dada la «amistad manifiesta» con el abogado Luis Hermosilla, puesto que era interviniente tanto como representante de la familia Guzmán como asesor del Ministerio del Interior, también querellante en la causa”, agrega González.

“Esta relación de confianza entre el ministro Carroza y el abogado Hermosilla demuestra que existía una causal objetiva de implicancia según el artículo 196 N°15 del Código Orgánico de Tribunales. Lo que implica que su imparcialidad estaba totalmente comprometida para resolver sobre los abonos de pena”, sostiene el también defensor Mauricio Menares Hernández.

Ambos abogados presumen que el juez Carroza no se inhabilitó “para ocultar su vínculo cercano con Hermosilla y mantener una apariencia de objetividad mientras dictaba una resolución favorable a los intereses de su amigo, generando un perjuicio devastador para nuestro representado”.

“Carroza ignoró maliciosamente el abono de aproximadamente 3 años y 6 meses que Brasil informó formalmente en Nota Diplomática, reconociendo apenas 12 días. Esto extendió ilegalmente la privación de libertad de Mauricio, satisfaciendo las pretensiones de los querellantes vinculados a Hermosilla”, agrega la defensa.

Red de influencias

Según los dos abogados de Mauricio Hernández Norambuena, ⁠la sentencia emitida por el ministro Carroza, “podría confirmar la existencia de una red de influencias donde la función judicial parece supeditada a intereses políticos del Ejecutivo que afectan, en este caso, en la libertad y vida de una persona con nombre y apellido: Mauricio Hernández Norambuena”.

“Los chats muestran que Hermosilla, siendo asesor de Interior, eventualmente gestionaba con el gobierno, específicamente con Andrés Chadwick, el nombramiento de ministro a Carroza en la Corte Suprema. El hecho de que la Presidencia confirmara la nominación de Carroza poco después de su fallo de 2019 sugiere que dicha sentencia pudo ser una «recompensa» o moneda de cambio para su ascenso al máximo tribunal” añaden.

Los abogados sostienen “que muy probablemente se alinearon los actores políticos y judiciales, Luis Hermosilla en Interior y Mario Carroza en la causa, para ejecutar una extradición donde, a pesar de los compromisos formales, se buscaría maximizar la permanencia en prisión mediante maniobras judiciales como el rechazo de los abonos”.

Este hecho, enfatizan Menares y González, sustenta aún más la querella presentada, “no solo por la amistad manifiesta existente entre Carroza y Hermosilla, sino porque justo el 2020, cuando el ministro había buscado ser parte de la Corte Suprema tras un par de intentos fallidos, después de esta sentencia le dan el cupo”.

Junto con lo anterior la defensa afirma que el hecho de contemplar la mayor pena posible el ministro descartó el principio pro-reo que todo administrador de justicia debiera aplicar.  “La sentencia desconoció este principio al optar por la interpretación más restrictiva y gravosa, contraviniendo expresamente tratados internacionales como el Acuerdo de Extradición del MERCOSUR.  Al fallar «a sabiendas» contra el texto claro del artículo 17 de dicho acuerdo que obliga a computar todo el tiempo de detención por extradición, el administrador de justicia actuó con una parcialidad que buscaba el castigo máximo por encima de la legalidad vigente”, advierte Menares.

Consultada Laura Hernández Norambuena, hermana del comandante Ramiro, sobre qué significa para la familia la admisión de la querella por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago manifiesta que “estamos tranquilos y expectantes dado lo contundente de la querella presentada.  Al fin podría permitir que se haga justicia y se reconozcan los abonos comprometidos entre los Estados de Chile ante Brasil, junto con la prescripción gradual de su condena, la que fue rechazada, pero que si se aplica correctamente permitiría beneficios carcelarios para Mauricio”.

Otras posibles injerencias

La querella presentada y admitida por el Séptimo Juzgado de Garantía, también está dirigida contra el ministro Guillermo de la Barra por rechazar, como indicó Laura Hernández, la prescripción gradual de las condenas solicitada por la defensa de Mauricio Hernández Norambuena en base a la reducción de los dos presidios perpetuos y que permitieron su traslado a Chile.

“Al momento de conmutarse las penas perpetuas a dos de presidio mayor en su grado medio, 15 años cada una, estas pasan a ser el nuevo marco jurídico definitivo para todos los efectos penales”, detalla Menares, quien suma que, “la consecuencia principal es que el cálculo de la prescripción de la pena y de la prescripción gradual, respecto a nuestro defendido debe realizarse obligatoriamente sobre estos 15 años, y no sobre las penas perpetuas originales, lo que reduce drásticamente los plazos necesarios para extinguir la responsabilidad penal, y eso no sucedió”,

Es por esta razón que el escrito presentado indica: “se hace necesario indagar si los querellados u otras personas de sus círculos realizaron gestiones, acciones o comunicaciones dirigidas a influir en el resultado de las solicitudes de mi defensa, buscando que no se concediera una decisión favorable a mis intereses”.

Intereses que para la defensa fueron efectivamente perjudiciales para su representado, ya que “el ministro de la Barr, dictó una resolución «contra ley», al rechazar la prescripción gradual usando las penas originales, desconociendo que Carroza ya las había modificado a 15 años”.

“Presumimos fundadamente que Hermosilla, al ser abogado de la familia Guzmán al momento de esa solicitud en 2023, pudo haber ejercido presiones o comunicaciones de círculos de poder para asegurar que se extendiera lo más posible la prisión de Mauricio sin poder acceder ningún beneficio que permitiera la libertad de nuestro representado, lo que es una injerencia indebida”, advierten los abogados, quienes también consideran que “si el ministro De la Barra hubiera aplicado correctamente la ley y el artículo 97 del Código Penal, Mauricio Hernández se encontraría hoy con una pena significativamente reducida o incluso cumplida, permitiendo incluso su libertad. En lugar de eso, actualmente le restan aproximadamente 20 años de cumplimiento efectivo”.

Laura Hernández espera que con esta querella “se sepa la verdad de quienes actuaron en contrario a la ley y perjudicaron con este actuar a nuestro hermano. Y que por supuesto esto permita prontamente que Mauricio pueda optar a beneficios a sus casi 68 años y así estar en libertad junto a su familia”.