por Andrés Figueroa Cornejo

Ernesto Llaitul, en representación de su padre, el prisionero político y vocero histórico de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, está realizando una gira por Europa con el propósito de explicar en diversos foros la causa y situación de la resistencia mapuche, la recuperación territorial y las ideas políticas de Llaitul Carrillanca mediante la presentación de sus libros “Chem Ka Rakiduam” y “Escritos desde la cárcel”.

En ese contexto, el reciente 14 de septiembre en París, el diputado galo Rodrigo Arenas de la Asamblea Nacional de Francia entregó una medalla de reconocimiento a Héctor Llaitul por su lucha consecuente y coherente tras los derechos de su pueblo. El símbolo honorífico fue recibido por Ernesto en nombre de su padre cautivo por el Estado chileno.

Como era de esperar, el periódico El Mercurio, dependiente de los intereses del Departamento de Estado de Estados Unidos y de los grupos sociales dominantes en el país andino, funcionó como tribuna amplificada de las críticas de los representantes de la extrema derecha y portavoces de latifundistas y grandes propietarios de la industria forestal en La Araucanía. Así, echando mano a un añoso discurso de la oligarquía chilena, los delegados del capital denunciaron el reconocimiento al luchador originario como «parte de una campaña internacional» para «legitimar la violencia» mapuche, entre otras afirmaciones propias de las teorías conspirativas.

Ante las hostiles estigmatizaciones difundidas contra el premio otorgado a Héctor Llaitul, sus abogados Alberto Espinoza y John Maulén, emitieron un comunicado público donde señalaron que «la reciente distinción entregada en París por la Asamblea Nacional de Francia, recibida en ausencia por su hijo Ernesto Llaitul, demuestra que su situación y las reivindicaciones del pueblo mapuche han adquirido una dimensión internacional que trasciende las fronteras de Chile».

De igual modo, los juristas rechazaron que la situación procesal y política de su defendido «sea presentada por la prensa oficial como un caso de delincuencia común. La atribución de violencia al pueblo mapuche, de manera general e indiferenciada, resulta injustificada y tendenciosa, pues desconoce que, desde la perspectiva de sus demandas históricas, la acción reivindicativa constituye una respuesta legítima frente a la violencia institucional ejercida por el Estado chileno, cuya manifestación más evidente es la militarización del Wallmapu mediante la prolongación indefinida del estado de excepción constitucional», y agregaron que «La condena impuesta al dirigente contempla, además, la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, legislación de carácter excepcional cuya utilización resulta fundamental para comprender la dimensión política y territorial de la persecución penal que lo afecta».

Espinoza y Maulén recordaron que desde el 2011 «existe una causa relacionada con nuestro representado y otros dirigentes mapuche ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, actualmente en tramitación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», y sumaron que «Durante este período se han producido episodios que han generado graves cuestionamientos a la actuación de agentes del Estado. Entre ellos destaca la denominada Operación Huracán, investigación en la que se establecieron graves irregularidades relacionadas con la obtención y manipulación de evidencia y que posteriormente dio lugar a condenas de funcionarios policiales. A ello se agrega que actualmente Gendarmería ha clasificado a nuestro representado como preso condenado por la Ley de Conductas Terroristas, calificación que no encuentra fundamento en ninguna de las sentencias judiciales dictadas en su contra».

Actualmente, Héctor Llaitul se encuentra recluido en el Complejo Penitenciario Biobío, pese a que su defensa requirió su traslado a un recinto que cuente con un módulo para comuneros mapuche. La solicitud fue negada, a pesar de que los derechos culturales de los pueblos originarios están reconocidos por el Convenio 169 de la OIT, y también deben ser respetados durante la ejecución de una pena privativa de libertad.