Este hito marca un precedente en la gestión colaborativa de los recursos marinos, destacando el compromiso del pueblo chango con la conservación y el desarrollo sostenible de su territorio, en armonía con los intereses de todos los actores locales.
Desde la experiencia de la REMA, tenemos claridad que la actual Ley de Minería no es para nada una ley avanzada sino que perpetúa y legitima el despojo
La fundación de Temuco está marcada por la ocupación militar del Wallmapu durante la llamada «Pacificación de La Araucanía». Detrás de las fechas oficiales y los nombres de los colonizadores, se esconde la historia de la familia mapuche Lienán, cuyos territorios fueron ocupados para la creación de la ciudad.
Por todos estos hechos de violencia atentatorias hacia la sociedad Mapuche, solicitamos el pronunciamiento responsable de las autoridades políticas y administrativas del Estado de Chile, ante la presencia de un acto delictual de la Familia Tuma que se visibiliza como un claro ejemplo de las actuales fórmulas de desigualdad y violación de los derechos mapuches y las legislaciones del Estado Nacional Chileno. La ausencia de pronunciamiento será entendida como una complicidad con la delincuencia y la criminalidad medioambiental vital, con nuestra sociedad mapuche y la sociedad chilena habitante en nuestro Wall Mapu.
Ratificamos nuestro compromiso de seguir organizándonos y luchando contra este sistema de despojo y violencia. No aceptamos la impunidad con la que operan los gobiernos y las grandes empresas, y reafirmamos que la resistencia continúa frente a este modelo de dominación sustentado en el colonialismo y el saqueo de los territorios ancestrales.
Tendría algún sentido una ley de esta naturaleza si tipificara como “actos terroristas” el ecocidio, la destrucción de la tierra con agrotóxicos, el perverso lucro forestal y minero o el asesinato de los ríos y la contaminación del agua y aire.
El trabajo no solo documenta la resistencia de estas tres mujeres, sino que también expone la complicidad del Estado en la expansión del extractivismo en Wallmapu. En un escenario donde la militarización del territorio mapuche se ha institucionalizado desde 2021 mediante el Estado de Excepción, prolongado por dos administraciones consecutivas
Nuestra propuesta responde a ese mandato colectivo que recoge nuestro proyecto político y los diez puntos de la Conaie levantados durante las movilizaciones de junio 2022, pasando por las propuestas construidas en el parlamento de los pueblos hasta las decisiones tomadas en sucesivos procesos de debate y análisis al interno del movimiento indígena y el movimiento Pachakutik.
A 6 años de su cruel asesinato el 20 de febrero de 2019 en Amilcingo, Morelos, tres días antes de la consulta impuesta por López Obrador para “legitimar” su cambio de parecer y terminar de imponer el Proyecto Integral Morelos (PIM), los asesinos de Samir siguen libres y gobernando.
Este contexto refuerza las críticas hacia el gobierno de Gabriel Boric, cuya gestión prometía un enfoque distinto en el tratamiento de las demandas Mapuche, pero que, según los comuneros, ha caído en la misma política de militarización y protección del gran capital que han impulsado gobiernos anteriores.
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