Comunidades y organizaciones han denunciado que los intentos por modificar la llamada Ley Lafkenche y la suspensión que se pretende de los Ecmpo con la indicación 48, no han cumplido con la obligación de consulta de conformidad al Convenio 169 y la Declaración ONU sobre derechos de los pueblos indígenas.
Este artículo buscará debatir y enfrentar las concepciones erróneas respecto del sindicato como instrumento, tomando como punto de partida las limitaciones de la acción sindical, pero no para desechar esta tarea, sino más bien para reconocer sus contradicciones y desarrollar una propuesta en torno a los métodos que pueden permitir revertir los problemas del sindicalismo que hoy existen y aportar en la recomposición del movimiento sindical desde una perspectiva clasista y combativa.
El gasto público se ha reducido en un 30% anual en términos reales (ajustado por inflación), según los cálculos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y la Asociación para el Presupuesto y la Gestión Financiera Pública (ASAP).
Pero la historia se repite: la defensora del territorio tuvo que lidiar con el empresario Morstadt, descendiente de uno de los más conocidos colonos del siglo XIX, Carlos Andwanter.
La mayoría se culpa a sí misma de su pobreza y no a la estructura de corrupción y saqueo inherente al sistema capitalista neocolonial.
El desenlace dependerá de los niveles de movilización y solidaridad popular
Esos anuncios desafían a construir alternativa política, desde la movilización y visibilización de las reivindicaciones del movimiento popular en contra de las reaccionarias reformas laborales, previsionales, tributarias y de ajuste integral.
Julia Chuñil se mantenía en su posición de no abandonar el predio, identificando que si le pasaba algo el principal sospechoso era Juan Carlos Morstadt, “mi mamá siempre decía, si me llega a pasar algo, él capaz que sea el principal sospechoso de lo que me pase, porque él es la principal persona que quiere que yo me vaya, pero yo no me voy a ir porque este predio es de la Conadi”.
Se trata de la disolución del lazo social, de la desagregación de comportamientos a nivel económico, social y político y de su reintegración como masa a través de la figura del líder autoritario.
En definitiva, pese a la declaración constitucional, el Estado de Chile pasa a tener la nula propiedad, o propiedad eminente del Estado de las minas.
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