En el día 11 desde el inicio del paro nacional del movimniento indígena y popular ecuatoriano, van 4 personas muertas por la represión policial, casi 100 heridos y mismo número de población detenida por el rérigen antisocial de Lasso.

Las demandas centrales del pueblo en lucha apuntan a frenar el empeoramiento de las condiciones de vida de la ciudadanía a causa de las políticas de ajuste estructural del gobierno que han disparado el precio de los combustibles, y por tanto, de todos los productos de primera necesidad; impedir las privatizaciones de los bienes comunes; y detener la flexibilidad laboral, entre otras medidas propias de un shock de liberalismo ortodoxo.

Las protestas se han caracterizado por su carácter pacífico y el cierre de carreteras, mientras que la represión policial ha operado con brutalidad sin medida, actuando con manga ancha en el marco de un estado de sitio y excepción impuesto por el gobierno en 6 de las 24 provincias del país.

Los dirigentes de la movilización, agrupados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, emitieron una declaración donde exigen garantías mínimas para sentarse a dialogar con el régimen de Lasso, entre las que se cuentan el término inmediato de la represión de la policía militarizada; la finalización del estado de excepción; el fin de las ofensivas armadas contra los sitios de protección humanitaria; y que no haya temas prohibidos para discutir en una eventual mesa de conversaciones.

A lo solicitado por el pueblo movilizado, el régimen contestó que no están dispuestos a conversar «condicionadamente».

El movimiento indígena y popular afirmó que el gobierno ha privilegiado la imposición del programa antisocial del Fondo Monetario Internacional, FMI, dogmáticamente, castigando a la inmensa mayoría social con los efectos del ajuste estructural. Asimismo, dijo que la persecusión política contra las disidencias sociales es cada vez más evidente, y que para dialogar no necesitan intermediarios.