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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó un decreto para que sea el Gobierno federal quien tome las responsabilidades respecto de la seguridad del distrito federal de Brasilia, centro político de Brasil, tras la invasión de un buen grupo de militantes del neofascista y expresidente del país, Jair Bolsonaro a las instalaciones del Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio de la Presidencia este 8 de enero de 2023.
Lula, que se encontraba en San Pablo, rechazó vehementemente la violencia de las bandas bolsonaristas y manifestó que este tipo de hechos jamás habían ocurrido en el país, y agregó que todos aquellos que tuvieron alguna participación en la arremetida de fines golpistas serán hallados y castigados.
Mediante el Decreto de Intervención entre este 8 de enero y el 31 de enero, se pone en cuestión a sectores militares y policiales que no actuaron adecuadamente ni a tiempo para evitar la versión brasileña de lo ocurrido en el Capitolio estadounidense tras la pérdida de las elecciones de Donald Trump.
Lula denunció que la destrucción de los edificios de las entidades públicas fueron alentadas por el exmandatario, el neofascista Jair Bolsonaro, que se encuentra de «paseo» en Orlando, Estados Unidos y sobre el que caerá todo el peso de la ley, y la ausencia de las medidas de seguridad de la región.
Sobre lo último, el gobierno central solicitó al Tribunal Supremo que mandate la detención del recién despedido secretario de Seguridad de Brasilia, Anderson Torres, por haber permitido el ataque de los bolsonaristas, y que se resuelva el término de la ocupación de los manifestantes de la puerta de los cuarteles donde piden al Ejército dar un golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva para reponer a Bolsonaro.
Asimismo, la abogacía del gobierno nacional pidió que se bloqueara la monetización de los sitios y canales digitales de los golpistas que se beneficiaron con la recolección de dinero para movilizar a los golpistas.
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