Dos años después de iniciado el mandato de Gabriel Boric, hay tres temas cruciales que no han sido resueltos y que en 2004 son los que van a marcar el tira y afloja de las relaciones entre el Ejecutivo y la oposición: la reforma del sistema de pensiones, la reforma del sistema tributario y la deuda de las lsapres.

El proyecto de reforma tributaria, presentado en julio de 2022 fracasó cuando en marzo de 2023, cuando los diputados rechazaron la idea de legislar al respecto, obligando así al gobierno a dejar pasar un años antes de presentar un nuevo proyecto, tal como los determina la Constitución.

Dicho abortado proyecto apunta a aumentar en un monto equivalente a más de 4% del PIB la recaudación, sobre todo limitando las exenciones, la reducción de la evasión y la elusión del pago de impuestos, el royalty minero y los impuestos correctivos.

En lo general, se limitaba a aumentar los impuestos personales en un 3% para aquellos que disponen de los mayores ingresos.
La propuesta de marzo 2024 se dividirá en diferentes proyectos.
El primero, ley de cumplimiento de las obligaciones tributarias, que ya ingreso a la Comisión de Hacienda espera recaudar 1,5% del PIB gracias a la disminución de la evasión y de la elusión tributaria.
Es el más susceptible de progresar sin escollos, salvo en lo que se refiere al resistido aspecto que se refiere a la suspensión del secreto bancario.
Otro proyecto de ley ya listo es el de la Ley de Créditos Tributarios, tasa de desarrollo y exenciones que suprime siete exenciones tributarias.
 El proyecto de ley más complicado será el del Impuesto a la renta y sobre el cual aún no hay decisión y que aspira a aumentar la recaudación en 0,6% del PIB.
En noviembre 2022, se envió el proyecto de reforma de pensiones. Este partía de la cotización obligatoria del 6% patronal de un proyecto abortado de la era Piñera (2018/2022).  

Su objetivo es mejorar las pensiones más bajas y con especial énfasis en las mujeres, aumentando la Pensión Garantizada Universal (PGU) y otorgando una nueva pensión del seguro social.

El proyecto actual destinaba el 6% de la cotización patronal adicional en 1% para sala cuna universal, 2% a la cuenta de capitalización individual y 3% al fondo de reparto. Al restar 4% a la capitalización y destinarlo a fondos distintos de solidaridad intra e intergeneracionales, se atentaba al principio sacro santo del individualismo que vehicula el neoliberalismo. Se adicionaba la supresión de las AFP y su reemplazo por nuevas instancias. Naturalmente
 desembocó en el más rotundo rechazo de la derecha.

A pesar de las concesiones del Ejecutivo, en particular sobre el reparto del destino del 6% adicional, a saber 3% capitalización individual y 3% solidaridad, el proyecto despachado a segundo tramite por el Senado en enero 2024 fue vaciado de su contenido: no considera la cotización adicional y su reparto, ni las instituciones llamadas a reemplazar las AFP.
En 2023 los diputados aprobaron, la apelada ley corta de saludsobre los cobros excesivos de las ISAPRES para cumplir con el fallo de la Corte Suprema. Esta ley fue posteriormente emendada por el Senado.
Un comité de expertos designado por este último propuso la “mutualización” de las deudas, es decir, que estas fueran  pagadas en parte por los propios afiliados a las ISAPRES,  haciendo pasar la deuda de 1.180 millones de dólares a solo 451 millones
Que se recurra a financiar las deudas contraídas con las cotizaciones de los miembros de las ISAPRES, se aparenta a un delito de abuso de confianza. Por esta razón probablemente el Tribunal Constitucional lo objetara después de haber aceptado su admisibilidad.
Una vez zanjada esta situación el gobierno cuenta atacarse a la tercera gran reforma, la del sistema de salud.

Debemos reconocer que el gobierno en las dos reformas propuestas al examen del Congreso, y probablemente será también el caso de la tercera, ha dejado entrever su orientación reformista, propia de una social democracia consecuente.

Contrasta con los más de 20 años de Concertación en su accionar frente a la herencia neoliberal de la dictadura, a la que tan tangencialmente tocó el segundo gobierno Bachelet…

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