Algunas informaciones previas al conversatorio del 30 de mayo 2024 con Nicolás TORO  

El comportamiento de las instituciones del Estado chileno (poder ejecutivo – parlamento y poder  judicial) preocupa y no deja indiferente a la opinión pública y aún menos a los que creemos en  una verdadera democracia y en un país donde los derechos humanos puedan ser ejercidos  plenamente. He aquí algunos ejemplos. 

Recientemente la justicia chilena condenó a Héctor Llaitul, a 23 años de prisión, de los cuales 15  años por delitos de opinión, por apología a la violencia, decisión de justicia que llevó a la ministra  del interior a considerar que “la condena de Llaitul es un logro importante”. Por otro lado el  general director de carabineros Ricardo Yáñez -sin derecho a deliberar y solo habilitado a  obedecer- no solo emite opiniones buscando influenciar a parlamentarios; formalizado por el  delito omisivo de apremios ilegítimos y homicidio durante el estallido social, decide no  presentarse a las convocaciones de los jueces, sino que además continúa en sus funciones como  si nada hubiese ocurrido, contando con el apoyo de la clase política y del presidente Boric quien  expresó “mientras el general Yáñez esté de general director de carabineros cuenta con todo mi  apoyo”. 

Observamos que el “narco-tráfico” y/o el “crimen organizado” sigue operando de manera  incontrolada, provocando asesinatos de policías -entre tantas otras acciones violentas- y que la  respuesta del Estado ha sido de resucitar la ley antiterrorista, además de endurecer las leyes  existentes, al punto que parlamentarios de derecha piden el restablecimiento de la pena de  muerte. Cabe señalar que la ley Nain-Retamal (ley de gatillo fácil) ya autoriza a carabineros, PDI,  Gendarmería a hacer uso de sus armas en contexto de “legítima defensa.” ¿Si ya se ha hecho uso  de esta ley frente a un joven que no respetó la orden de obtemperar, por qué no hacerlo frente al  crimen organizado? El Congreso ha despachado nuevos proyectos de “Seguridad pública y  privada” y otros están en tramitación acelerada, lo que aumentará aún más la deriva de  instalación de un Estado policial en el país. 

En estos días se cumplen 99 días de huelga de hambre líquida y 7 días de huelga seca del preso  político mapuche Guillermo Camus Jara, preso en la cárcel de Lebu, quien a través de esta  medida exige su traslado de penal, ya que la convención 169 de la OIT, suscrita y ratificada por el  Estado chileno se lo permite. Sin embargo, ni el gobierno ni Gendarmería no han respondido a  esta petición, vulnerando así los propios compromisos del Estado. 

El 16 de mayo, fueron desalojadas 136 familias de la “toma 17 de mayo” ubicada en la comuna  de Cerro Navia en Santiago. Este hecho interroga sobre la manera en que el Estado chileno está  resolviendo el endémico problema de la vivienda. Según el catastro del ministerio de vivienda  habría en Chile más de 2 000 campamentos y tomas a nivel nacional. En esta materia, el Estado  chileno, reaccionó rápidamente publicando la ley Anti-Tomas, que penaliza el delito de  usurpación, y parece menos preocupado de la dimensión humana de la problemática. La  usurpación pareciera tener un significado distinto cuando se trata de pobladores que ocupan un  terreno privado, y cuando se trata de empresas forestales que ocupan terrenos de las  comunidades Mapuche.

Estos ejemplos evidencian la existencia de una justicia para pobres y una justicia para ricos, una  voluntad política del parlamento y del ejecutivo de gestionar las problemáticas de la sociedad a  través de leyes (a profusión) que criminalizan las expresiones y las necesidades del pueblo por un  lado, y garantizan la impunidad y la protección de los sectores más acomodados de la sociedad  (Ver casos Hermosilla – Fuente-Alba – Leroux – Yáñez – Cathy- Barriga – Raúl Torrealba – Karen  Rojo – y muchos otros más…..), por otro lado. 

Estos y otros temas los conversaremos con nuestro invitado Nicolás Toro. 

Grupo de Asociaciones de Derechos Humanos 

Inscripción en: aexppchfr@gmail.com