El miércoles 11 de diciembre, Miguel Rincón Rincón murió en prisión a los 73 años de edad, debido a una enfermedad terminal y sin recibir la atención médica necesaria. Miguel Rincón, ex-militante del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, llevaba 29 años preso en la Base Naval del Callao, una prisión militar sin condiciones adecuadas para presos civiles.

Desde hace varios meses, Miguel Rincón presentó problemas de salud graves que necesitaban atención hospitalaria oportuna y continua. Sin embargo, las instituciones del Estado fueron negligentes y limitaron sistemáticamente su derecho a la atención en salud, incumpliendo además su deber de cuidado con una persona interna. Miguel vivió sus últimos días en prisión con solo algunos traslados eventuales para su tratamiento. 

Desde que se notificó su deceso, la familia solicitó dos cosas fundamentales: el respeto de su derecho a despedirse de su familiar y poder darle una sepultura digna. Sin embargo, la familia pasó tres días en la puerta de la Morgue del Callao, sin recibir respuesta. Al tercer día, la Fiscalía de la Nación de Perú se pronunció para negarles todo: no se les permitirá darle sepultura, tampoco presenciar la cremación ni guardar las cenizas de su familiar fallecido. Todo ello se sostiene en la Ley 31352 que otorga al Estado la potestad de disponer del cuerpo, cremarlo, y que las cenizas “sean dispersas en tiempo y lugar reservados”. Es decir, el Estado peruano ha legalizado la desaparición forzada y procederá de esta forma con el cuerpo de Miguel Rincón, violando así sus derechos fundamentales.

Consideramos además, que la Ley 31352 atenta contra los derechos fundamentales de las familias de las personas condenadas, dándoles un trato discriminatorio y humillante que no se justifica en sus fundamentos. Por lo tanto, creemos que es indispensable derogar esta ley que atenta, además, contra la idea de la reconciliación en el Perú a 25 años de terminado el conflicto armado interno. 

Las personas que firmamos este documento creemos que el Estado peruano no debe actuar desde la venganza y mucho menos ensañarse con las familias de aquellas personas condenadas a décadas de prisión, a quienes ni siquiera se les respeta su derecho a despedirla después de la muerte. Hacemos un llamado a rescatar  valores elementales de  humanidad. Como sociedad, debemos diluir los odios que no construyen y vislumbrar un futuro donde a pesar de las diferencias podamos convivir.

Apelamos a la solidaridad dentro y fuera del Perú de todas las personas comprometidas con la defensa de los Derechos Humanos, la justicia, la reconciliación y la búsqueda de la paz para todas y todos.

La Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos