
Durante cuatro días (07.07.25 al 10.07.25), los familiares de los detenidos desaparecidos de la región de Arica y Parinacota, hemos sido convocados por el Plan Nacional de Búsqueda del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para ser partícipe de la diligencia de exploración de nuestros familiares.
Hoy, 09 de julio de 2025 a las 16:00 horas, en presencia de las propias familias, organizaciones de Derechos Humanos, Secretaria Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, Jefe Jurídico del programa de Derechos Humanos, equipo PRAIS, trabajadores de la Seremi de Obras Públicas, funcionarios y funcionarias del Servicio Médico Legal y el departamento de Salud Municipal; se presenta de forma de inspección tres vehículo del Ejército al mando del Coronel Jefe de la Brigada Rancagua Sr. Cristian Lauriani, acompañado por oficiales bajo su mando.
El Coronel conversó con la Secretaria Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos Srta. Ana Vargas Valenzuela, en donde el uniformado le dio a conocer que “estaban en el lugar para coordinar labores de limpieza en el contexto de protección del gaviotín que está en peligro de extinción”; además, señalaron que, requerían ubicar al administrador del recinto autódromo de Arica; sitio de interés donde se están haciendo los sondeos de peritaje de búsqueda de nuestros familiares. En razón a lo señalado por el Coronel, la máxima autoridad de Justicia y Derechos Humanos de la región de Arica y Parinacota, le señaló que poseía el contacto del administrador y que se lo podía compartir antes, no siendo necesario su presencia en el sector.
En nuestra condición de familiares de víctimas de desaparición forzada es que dicha situación afecta profundamente nuestra salud mental, reedita el trauma psicosocial que deviene del terrorismo de Estado sufrido. La presencia intempestiva de personal militar, sin haber sido convocado a la diligencia de búsqueda se ve agravada por la presencia del Sr. Lauriani, hijo de un perpetrador sentenciado y conde nado por causas de graves violaciones a los derechos humanos, ex agente de la DINA, no solo revictimiza, sino que además, actúa en contra de los mandatos internacionales que sugieren resguardar a los familiares en los procesos de búsqueda.
Requerimos la presencia policial de forma permanente en el sector, a fin de resguardar que las gestiones sean realizadas con el debido respeto y acorde a la normativa vigente. Así también solicitamos se efectúen las debidas diligencias de manera previa a las gestiones judiciales a realizarse en el resto del país, para garantizar que, la vulneración sufrida no se vuelva a repetir con ningún familiar.
AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLITICOS DE ARICA Y PARINACOTA
Distribución:
– Ministro de Justicia y DDHH
– Comité de seguimiento Plan Nacional de Búsqueda
– Delegación Presidencial Regional Arica y Parinacota
– SEREMI de Justicia y DDHH región de Arica y Parinacota
– Agrupación nacional de familiares de detenidos desaparecidos
– PRAIS Servicio de Salud
– SEREMI de Seguridad Pública región de Arica y Parinacota
– Ministra de Defensa
– Subsecretaría de FFAA
– Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos
– Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
Carta abierta a la Ministra de Defensa
en solidaridad con la Agrupación de Familiares de DDDD y EEPP de Arica y Parinacota.
10 de julio de 2025
Corno Red Nacional de Sitios de Memoria, comprometida con la promoción de los derechos humanos, la memoria histórica y la justicia, queremos que expresar nuestra más fraterna solidaridad con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Arica y Parinacota, frente a los graves hechos ocurridos el pasado 9 de julio de 2025, en el contexto de las diligencias del Plan Nacional de Búsqueda del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Según consta en el comunicado público emitido par dicha Agrupación, durante una diligencia de exploración en el recinto del autódromo de Arica -sitio de interés para la localización de restas de personas desaparecidas- se hizo presente personal del Ejército, sin convocatoria ni coordinación con las instituciones civiles responsables del proceso. Lo más grave de esta situación es que dicha presencia fue encabezada por el Coronel Sr. Cristian Lauriani, hijo de un exagente de la DINA condenado par crímenes de lesa humanidad. Su participación, lejos de ser inocua, constituye un acta de revictimización que vulnera profundamente los principios fundamentales de la justicia transicional que deben regir estos procesos en tanto obligaciones del Estado.
Corno organizaciones que hemos luchado durante años par la recuperación de la memoria y la protección de los derechos de las víctimas y sus familias, no podemos sino rechazar con firmeza la participación de actores militares, en diligencias asociadas con la búsqueda de compañeras y compañeros hechos desaparecer par el terrorismo de Estado, que no hayan sida expresamente requeridos, y que además representen simbó1icamente el legado del aparato represivo del Estado. Este tipo de acciones no solo reeditan el trauma de quienes buscan a sus seres queridos desde hace décadas, sino que constituyen un gesto de negacionismo institucional incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos.
En este marco, solicitamos que el Ministerio de Defensa:
-Garantice que el personal militar no participe en diligencias vinculadas al Plan Nacional de Búsqueda sin coordinación expresa y autorización de las instituciones civiles a cargo.
-lnstruya formalmente al Ejército de Chile para que respete el carácter civil, reparador y sensible de estos procesos.
-Reconozca públicamente que hechos coma el ocurrido en Arica constituyen una falta grave al deber del Estado de respetar la memoria de las víctimas y los derechos de sus familias.
El camino hacia la verdad, la justicia y la memoria no admite retrocesos. Son pilares de la democracia que el Estado tiene la obligación de resguardar activamente. Su negación -ya sea par acción o par omisión- es una forma de violencia, revictimización y perpetuación de la impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas par agentes del Estado entre 1973-1990.
Red Nacional de Sitios de Memoria









