“Son las exiguas minorías de privilegiados las que imponen las decisiones políticas que más les favorecen” Mons. Leonidas Proaño

La Asamblea Nacional -con 80 votos- acaba de aprobar la “Ley para la Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local”, cuyo enunciado es engañoso y que, catalogada como “económica urgente” fue aprobada de forma veloz e inconsulta. Al analizarla encontramos que:

1. Constituye irrespeto y grave violación a nuestra Constitución en la cual están consagrados por una parte los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas, y por otra la declaratoria de la naturaleza como sujeto de derechos. 
2. Ni siquiera ha sido tomado en cuenta el derecho de consulta previa libre e informada a Pueblos Indígenas que es de obligado cumplimiento, antes de la adopción de cualquier medida legislativa o administrativa que pueda afectar sus derechos colectivos. 
3. En esta ley no existe ni una sola referencia a la preexistencia de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas que de forma milenaria habitan estos territorios y son custodios de su biodiversidad, considerada por ellos como madre y es vital para su supervivencia física, espiritual y cultural.
4. Es creada para justificar la privatización de las áreas protegidas del país y ponerlas en manos del gran capital, permitiendo que exploten los recursos del país como parte del plan para -supuestamente- recuperar la economía nacional.
5. Abre la puerta a la mercantilización de los territorios ancestrales.
6. Hace caso omiso tanto de tratados e Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, Biodiversidad y de mitigación del Cambio Climático; como de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT, todos ellos ratificados por nuestro país.
7. Pone en grave riesgo a los Pueblos Indígenas Aislados y Contacto Inicial (PIACI) que habitan en el Parque Nacional Yasuní, cuya supervivencia depende del respeto absoluto de su derecho a no ser contactados y a su integridad territorial.
8. Considera a las áreas protegidas como un activo estratégico lo cual posibilita la penetración de fuentes de financiamiento que contarán con garantías de seguridad, lo que abre la puerta a la militarización de estas áreas.

La Fundación Pueblo Indio del Ecuador expresa su voz de protesta e indignación frente a esta ley privatizadora que viola la constitución y los derechos fundamentales; se solidariza y se suma a las resoluciones que en defensa de la heredad territorial realizarán los pueblos y nacionalidades indígenas de nuestro país y exige a la Corte Constitucional que de forma urgente -esta ley- sea declarada inconstitucional. 

Quito, 11 de julio del 2025

FUNDACIÓN PUEBLO INDIO DEL ECUADOR

Constituida por Mons. Leonidas Proaño