Por Ricardo Soberón, analista.
Los diversos acontecimientos provocados el 2025 por las reiteradas acciones unilaterales de la Casa Blanca, el Departamento de Estado y de Defensa sobre distintos países de América Latina, atentan contra las normas de convivencia del Derecho Internacional y los principios de Relaciones Internacionales de respeto a la soberanía y la autodeterminación, que deben regir la política global. Constituyen la mayor muestra de una política de violencia simbólica mostrada hacia América Latina, chantaje. En abril, se produjeron las declaraciones de Pete Hegseth sobre la recuperación de patio trasero, refiriéndose a Panamá. Luego vinieron las exigencias y posterior militarización de la frontera con México (fentanilo), las declaraciones contra Canadá, la política migratoria contra toda América Latina, el uso de Guantánamo y El Salvador, los actos de expulsión y deportación, exigencias a Argentina y Colombia. Por último, la agresiva política arancelaria contra Brasil, fundamentalmente.
En tal sentido, organismos como la CELAC debieran rechazar la movilización de pertrechos militares al Caribe, que provocan su militarización y que no descartan una acción militar concreta en aguas limítrofes venezolanas. Esta acción hace recordar el “Plan Colombia” (2000-2005) implementado en la época de Clinton, con la misma narrativa de la “Guerra contra las Drogas” utilizada sin éxito, desde hace cincuenta años en los Andes. En 1989, se produjo bajo el mismo argumento la invasión a Panamá, durante el régimen de Noriega. Ahora, mediante sus actos provocadores como la declaración de los carteles -solamente provenientes del Sur Global- como organizaciones terroristas[1], Trump pretende asegurar el mantenimiento de un estatus favorable a sus intereses comerciales sobre el Canal de Panamá, las aguas del Caribe y la Amazonía sudamericana.
Se origina con la Directiva de Julio 2025: la que considera a los carteles como organizaciones terroristas[2]. Es un instrumento de la guerra contra las drogas, como antes las certificaciones presidenciales antinarcóticos. Ahora es la construcción de conceptos, de medias verdades: narcotráfico igual a terrorismo, y ahora bajo el denominado “cartel de los soles”, cuando no existe evidencia técnica ni policial alguna, salvo las delaciones de exmilitares venezolanos detenidos en EE. UU y que recibieron algún favor a cambio (caso del “Pollo” Carbajal).
Tales acciones de agresión contra pueblos y países se realizan bajo el pretexto de una lucha antidrogas que impulsa el gobierno de EE. UU, cuando este país es el mayor mercado de consumo de drogas del mundo (fentanilo, cocaína, heroína), lo que dinamiza la actuación de las grandes redes criminales trasnacionales, mientras se violentan los derechos de miles de migrantes latinoamericanos que son detenidos y expulsados de ese país. Tales esfuerzos antidrogas y anti migrantes han demostrado ser inútiles en sus objetivos, pero cohesionan el movimiento conservador de MAGA, incrementan el gasto militar norteamericano y le ayudan a superar su enorme déficit fiscal. La verdad del fenómeno del narcotráfico es que la mayor parte de cocaína sale de la región andina por el Pacífico hacia los mercados de consumidores, de acuerdo con la propia UNODC.
Por otro lado, se debe condenar el uso del arbitrario del sistema de sanciones y recompensas unilaterales que realizan los EE. UU, en un intento fallido de criminalización y aislamiento de gobiernos y ciudadanos latinoamericanos. Trump pretende que el único sistema de policía y de justicia legítimo y eficaz es el norteamericano, adonde confluyen extraditables mexicanos, ecuatorianos, colombianos y venezolanos, mientras que, de otro lado, condena las acciones legítimas contra la agresión y el genocidio que implementa la Corte Penal Internacional sobre Gaza.
Existe la amenaza de recorte de vuelos procedentes de México, en EE. UU; por otro lado, se usan las declaraciones de Mayo Zambada en juicio sobre su rol como jefe de cartel de Sinaloa, que finalmente no habló (igual el caso de Joaquín Guzmán), que son parte de procesos judiciales negociados. El rol de actores domésticos como la senadora del PAN Lily Téllez (Mex) y la opositora María Corina Machado (Ven) en favor del ataque a nuestros países. Otros actores internos norteamericanos: Pat Bondi (fiscal general) y Terrence Cole (DEA), solo va a refrendar lo dicho antes, por su jefe Trump.
Hay que señalar que el carácter imprevisible de la política exterior de Donald Trump provoca una gran inestabilidad, tanto a nivel global como hemisférico, empujando el deterioro de toda forma de multilateralismo, consenso y dialogo entre iguales. Semanas antes al despliegue militar en el Caribe, se había producido la renovación de licencia de operaciones en Venezuela a la empresa petrolera Chevron, así como un reciente intercambio de prisioneros entre ambos países. El mismo grado de inestabilidad tiene Washington con los gobiernos de México, Colombia y Brasil, en materia migratoria, de interdicción y arancelaria, respectivamente. Debemos ver al régimen de Trump, como el mejor ejemplo de un neoliberalismo capitalista mafioso en contra de la estabilidad regional. Detrás de tales actos de amenaza reflejados en los anuncios de despliegue militar hechos por Trump y Marcos Rubio, se encuentra las diversas formas de intromisión política y diplomática contra países de América Latina, como ocurre con los hechos recientes en Guyana por los recursos naturales que se encuentran en las costas del Esequibo, así como otros temas estratégicos como son el puerto de Chancay, los metales de tierras raras en el sur andino, y los recursos acuíferos de la Amazonía, que requieren de gobiernos flexibles y adaptables a las necesidades estratégicas de EEUU y que justificarían una opción militar.
[1] https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/designating-cartels-and-other-organizations-as-foreign-terrorist-organizations-and-specially-designated-global-terrorists/
[2] https://www.nytimes.com/es/2025/08/10/espanol/mundo/trump-carteles-organizaciones-terroristas.html
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