
Lima fue escenario de fuertes disturbios el fin de semana (sábado 20 y domingo 21 de septiembre), en el marco de una protesta encabezada por jóvenes de la Generación Z y diversos colectivos sociales contra la dictadura de Dina Boluarte, el Congreso y la reforma del sistema de pensiones. La chispa fue una iniciativa legal —finalmente retirada tras las manifestaciones— que buscaba obligar a los trabajadores independientes a cotizar en los Fondos de Pensiones (AFP) a partir de 2028 y restringía a los menores de 40 años la posibilidad de retirar el 95,5% de su fondo al jubilarse.
Según reportes de la agencia alemana DW, los manifestantes expresaron su rechazo a la corrupción, el aumento de la inseguridad y exigieron justicia para las 49 víctimas mortales de las protestas de finales de 2022 e inicios de 2023.
La movilización, inicialmente pacífica, derivó en enfrentamientos tras el impresionante despliegue de 5000 efectivos policiales, según documentó el diario La República.
El punto crítico se registró en la Plaza San Martín, donde un cordón de la Policía Nacional del Perú (PNP) rodeó el lugar y restringió el acceso a los manifestantes, lo que generó los primeros choques. Al intentar avanzar hacia el Congreso y el Palacio de Gobierno, los protestantes se toparon con un operativo que incluyó el uso de gas lacrimógeno, perdigones de goma y fuerza física.
Diario Correo destacó que la PNP justificó su accionar como necesario para “resguardar el orden”, pero los organizadores denunciaron que se buscaba criminalizar la protesta.
Entre los hechos más graves, las brigadas de salud reportaron catorce heridos, entre ellos tres periodistas. Diego Quispe, del portal de investigación Ojo Público, y Jahaira Pacheco junto a su camarógrafo de radio Exitosa resultaron heridos por impactos de perdigones mientras cubrían los enfrentamientos en vivo. La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) condenó la agresión y confirmó que ambos comunicadores fueron atendidos en el Hospital Rebagliati. Además, los brigadistas denunciaron múltiples heridos por perdigones y golpes, responsabilizando a la policía por el uso desproporcionado de la fuerza.
Usuarios en redes y organizaciones civiles cuestionaron el despliegue masivo de agentes, calificándolo como intimidatorio y señalando que no se replica la misma presencia policial para combatir la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.
La protesta también destacó por consignas contra el fujimorismo y el actual régimen, con pancartas que rezaban “Dina asesina” y “Todos fuera”. Los manifestantes criticaron la reforma del sistema de pensiones (Ley N.º 32123) por beneficiar a las AFP en perjuicio de los trabajadores con empleos precarios, y exigieron soluciones reales a la crisis de inseguridad que afecta al país.
Una joven manifestante resumió el sentir general: “Esta movilización refleja la creciente indignación de la juventud peruana y diversos sectores sociales hacia un sistema político que consideramos excluyente y esquivo a nuestras demandas”.
Fuente: Diario Red









