La situación judicial de Lientur Millacheo y Jaime Huenchuñir ha tomado un nuevo cariz tras las declaraciones de sus voceras. Actualmente, ambos jóvenes se encuentran bajo la medida de prisión preventiva en la cárcel CCP de Temuco, enfrentando un proceso marcado por torturas y la aplicación de la Ley Antiterrorista. Lo que sus familias califican como una persecución política directa por parte del Estado. Resumen conversó con las voceras Alen Huenuche y Millaray Huenchuñir, además del abogado Christian Arancibia que apoya a las familias afectadas.
Lientur Millacheo y Jaime Huenchuñir están cumpliendo prisión preventiva a la espera de un juicio que, bajo la nueva normativa antiterrorista, podría extenderse por años. Las comunidades Juana Millahual y Taiñ Meli Bolil mantienen el llamado a la solidaridad y a la denuncia internacional frente a lo que consideran un montaje político-judicial.
A pesar de su condición de comuneros, las voceras denuncian que ambos se encuentran cumpliendo la medida cautelar en un módulo común. Según explican, «Gendarmería ha puesto obstáculos para que ambos comuneros ingresen al módulo, ya que argumentan de que no cumplen con ciertos requisitos impuestos por un plan de segmentación del establecimiento penal».
De delitos comunes a «Prisión Política»
Para las familias y las comunidades en resistencia, el carácter de este juicio no es meramente delictual. Las voceras sostienen que la naturaleza del procesamiento cambia debido a la intervención del Ejecutivo:
«Lientur Millacheo y Jaime Huenchuñir fueron procesados por la ley antiterrorista y el gobierno querellándose, pasa a ser una prisión política. No son delitos comunes sino en contexto de reivindicación territorial entre las cuales se encuentra la imputación de delitos territoriales».
Esta visión coincide con lo expuesto por el abogado defensor, Christian Arancibia, quien calificó el actuar del Estado como un «modus operandi» para el hostigamiento permanente de personas mapuche, contrastando la severidad de estas medidas con los beneficios que reciben imputados por delitos de «cuello y corbata».
El impacto de la Ley Antiterrorista: «Entre 20 a 40 años»
La aplicación de esta legislación especial ha tenido consecuencias inmediatas y angustiantes para el entorno de los detenidos. Las voceras explican que la ley permitió maniobras procesales que afectaron el derecho a la defensa y la transparencia:
«La aplicación de esta ley ha afectado, ya que, en vez de tener el control de detención al día siguiente como normalmente se hace, al aplicarla se pudo aplazar 5 días, así ellos tendrían más días para investigar y agregar más causas al caso, también la reservación de la causa así no pudimos ver la audiencia el día del control de detención».
Más preocupante aún es el panorama a largo plazo que enfrentan los jóvenes: «También es posible alargar el plazo de investigación hasta por 5 años, la cantidad de años que es posible que les den 20 a 40 años, es algo que nos afecta en el caso y para nosotros como familia», sentenciaron Alen Huenuche y Millaray Huenchuñir.
Los comuneros detenidos son acusados de cometer un atentado contra una empresa forestal, incendio, robo y de portar armas, según consigna Radio Biobío. Por su parte, la Fiscalía invocó la nueva ley antiterrorista y ha informado través de medios de comunicación que según sus investigaciones los detenidos serían parte de la organización Weichan Auka Mapu (WAM).
La visión del abogado Christian Arancibia
En una reciente entrevista, el abogado Christian Arancibia, quien colabora en la defensa de los dos jóvenes mapuche detenidos el pasado 12 de noviembre en la Provincia de Arauco (región del Biobío), entregó detalles alarmantes sobre el estado procesal del caso y denunció graves vulneraciones a los derechos humanos. Según el jurista y en conversación con RESUMEN, la situación de los jóvenes —uno de los cuales tiene 20 años y se encontraba terminando su educación media— es reflejo de un «modus operandi de parte del Estado de Chile por medio de las fiscalías, por medio de los tribunales, por medio de las policías y militares respecto a la persecución, el hostigamiento y el encarcelamiento permanente de personas Mapuche».
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El jurista vincula el comportamiento de las fuerzas armadas en el territorio con la formación de la «Escuela de las Américas», donde se percibe a quien cuestiona el orden como un «enemigo interno». Arancibia enfatiza que, bajo el prolongado Estado de Excepción del gobierno de Boric (solo superado en extensión temporal por la dictadura de Pinochet), potestades civiles han quedado en manos de la Armada (institución militar que opera en la provincia de Arauco), lo que ha facilitado un proceso donde «el Estado ejerce todo el aparataje para poder presionar, vulnerar, acosar y encarcelar», ignorando el principio de presunción de inocencia.
Denuncias de Tortura y Apremios Ilegítimos
Uno de los puntos más críticos de la defensa es el relato de los detenidos sobre el actuar de la Armada y el GOPE durante la captura. Arancibia afirma que, según el testimonio de los comuneros, estos fueron víctimas de métodos de tortura similares a los utilizados en dictadura.
«Fueron víctimas de actuaciones o de apremios ilegítimos golpeados, según su relato fueron utilizados armas apuntándole se les disparó cerca de sus rostros, se les hizo lo que se conocía en la dictadura como el submarino, tapándoles la cara con agua para que se pudieran ahogar, riéndose, escupiéndolos, golpeándolos, etc.»
El abogado sostiene la hipótesis de que la dureza de los cargos busca encubrir este actuar: «Tratan de incriminar con mayor vehemencia y mayor fuerza a estos dos comuneros con tal de encubrir o impedir que ellos mismos los que actuaron sean acusados y condenados por las torturas y la premio legítimo».
Aplicación de la Ley Antiterrorista
El caso marca un precedente bajo la actual administración. Arancibia destaca que se utilizó una ampliación de la detención de cinco días sin audiencia previa, algo que, según cita de la encargada de Derechos Humanos del Biobío, Carolina Chang, es «la primera vez que ella escucha que se haya ejercido el plazo de ampliación de la detención sin ponerlos a disposición de tribunales en este caso la ampliación del plazo de cinco días en un caso aplicándose la ley antiterrorista».
Sobre la modificación de esta ley bajo el gobierno de Gabriel Boric, el abogado explica que ahora «la determinación del acto terrorista también se hace entre comillas mucho más simple». Cuestiona además la estrategia de la Fiscalía, señalando que podrían haber perseguido delitos como el de incendio (que ya tiene penas altas), pero decidieron ir por una vía «más pedregosa» con una clara «connotación política».
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El rol de Gendarmería y el Módulo de Comuneros
A pesar de que el tribunal ordenó el traslado a la cárcel de Temuco, Gendarmería ha negado el ingreso de los jóvenes al módulo de comuneros. El abogado detalla que la institución argumenta que «su delito no es un delito de connotación mapuche» y que existe sobrepoblación.
Arancibia rebate este punto señalando la contradicción del Estado:
«El mismo Estado reconoce que se les está aplicando una ley antiterrorista pero al mismo tiempo el Estado les niega la connotación de presos políticos (…) las mismas comunidades de las que ellos son parte han reconocido permanentemente que son parte de las comunidades Mapuche, son hijos, hermanos, sobrinos, nietos de Mapuche y además tienen la representación espiritual y política propia de su pueblo.»
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