por Alejandro Mora Donoso

El ataque de Estados Unidos contra Venezuela no es un hecho aislado ni una anomalía de la política internacional contemporánea. Es, por el contrario, la expresión más descarnada de una práctica histórica: la sustitución del derecho internacional por la voluntad del poder imperial. Cuando Washington decide actuar por fuera de los marcos multilaterales, sin autorización de Naciones Unidas y en abierta vulneración de la soberanía de un Estado, no estamos frente a un “error diplomático”, sino ante una decisión consciente de situarse por sobre la legalidad internacional.

La Carta de las Naciones Unidas es explícita. Prohíbe de manera categórica la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. No hay excepciones discrecionales, no hay interpretaciones creativas, el principio de no intervención es uno de los pilares del orden jurídico internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Cuando Estados Unidos lo viola, no está “defendiendo la democracia”, está desmantelando el sistema que impide que el mundo vuelva a regirse por la ley del más fuerte.

Sin embargo, esta ilegalidad se presenta envuelta en un lenguaje moralizante que resulta inquietantemente familiar, al menos para Chile. En nuestro país todavía existe un sector significativo de la elite política, mediática e intelectual que cree, explícita o implícitamente, que el golpismo es una vía legítima para “corregir” procesos democráticos que no se alinean con determinados intereses económicos o geopolíticos. El pinochetismo, más que un recuerdo del pasado, sigue operando como una matriz cultural, la idea de que la fuerza puede sustituir a la soberanía popular cuando esta se vuelve incómoda.

No es casual que quienes hoy justifican la agresión contra Venezuela utilicen argumentos casi calcados a los que se emplearon para legitimar el golpe de Estado de 1973. Ayer fue “salvar a Chile del caos”; hoy es “rescatar a Venezuela de la dictadura”. En ambos casos, el resultado es el mismo, la negación del derecho de los pueblos a decidir su destino sin intervención externa. Cambian los nombres, cambian los contextos, pero la doctrina permanece intacta.

En este escenario, la responsabilidad del Estado de Chile no puede seguir eludiéndose. La Presidencia y la Cancillería mantienen relaciones políticas, económicas y militares con Estados Unidos sin cuestionar de manera firme y pública estas vulneraciones al derecho internacional. Se trata de una política exterior que no responde a un principio de neutralidad activa, sino a una lógica de subordinación estructural. Chile no actúa como un Estado soberano que defiende el multilateralismo, sino como un actor alineado que prefiere la declaración vacía antes que el conflicto con la potencia hegemónica.

Este alineamiento no es inocuo. Implica aceptar, en los hechos, que existen Estados con derecho a intervenir y otros condenados a ser intervenidos, pueblos con soberanía plena y pueblos con soberanía condicionada. Es una jerarquización del sistema internacional que contradice no solo los tratados firmados por Chile, sino también la experiencia histórica de un país que sufrió en carne propia una intervención extranjera decisiva en su quiebre democrático.

La política impulsada por Donald Trump profundiza esta deriva peligrosa. Bajo su administración, Estados Unidos reactiva una lógica abiertamente expansionista en América Latina, heredera directa de la Doctrina Monroe y del llamado “destino manifiesto”. Venezuela aparece como el blanco inmediato, pero el mensaje es continental, ningún país que se desvíe del guión impuesto está a salvo de la presión económica, la desestabilización política o la amenaza militar. El resultado es un aumento del riesgo regional, una militarización latente y una mayor dependencia económica y estratégica.

Aceptar esta situación como normal es un error histórico. Defender a Venezuela frente a la agresión estadounidense no equivale a respaldar acríticamente a un gobierno específico. Equivale, mucho más profundamente, a defender el principio de autodeterminación de los pueblos, la vigencia del derecho internacional y la posibilidad misma de una América Latina que no viva bajo tutela permanente. Cuando se normaliza la intervención, la guerra deja de ser una excepción y se convierte en herramienta política. Y cuando eso ocurre, son siempre los pueblos, no las elites, quienes pagan el precio.

Chile enfrenta, entonces, una disyuntiva que es tanto política como ética. O reafirma su compromiso con el derecho internacional, la paz y la soberanía de los Estados, o acepta su rol como plataforma secundaria de intereses ajenos. No hay una tercera vía cómoda. Callar frente a la ilegalidad no es prudencia diplomática, es complicidad. Y la historia latinoamericana demuestra, una y otra vez, que esa complicidad termina volviéndose contra los propios pueblos.

Defender a Venezuela hoy es, en última instancia, defender a América Latina de la repetición interminable de su tragedia. Es decir, basta.