COMUNICADO PÚBLICO
La Red Internacional de Estudios sobre Geopolítica, Militarización y Resistencias en Nuestra América, constituida y fortalecida en el marco del II Encuentro Internacional realizado en Medellín en noviembre de 2025, integrada por académicas y académicos, investigadoras e investigadores, movimientos sociales y experiencias organizativas de nueve países del continente, hace público este pronunciamiento ante la grave y acelerada militarización de la región, la reconfiguración violenta del orden global y los riesgos crecientes para la soberanía, la democracia y la vida de los pueblos de América Latina y el Caribe.
Desde esta articulación regional rechazamos de manera categórica el ataque militar perpetrado contra la República Bolivariana de Venezuela, así como el secuestro internacional del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y de su esposa, actos abiertamente bárbaros que violan de forma flagrante el derecho internacional, desconocen los principios de soberanía, autodeterminación de los pueblos y no intervención, y destruyen los ya frágiles equilibrios del orden jurídico internacional, constituyéndose en una amenaza directa no solo para Venezuela, sino para toda la región y para la estabilidad mundial.
Los análisis compartidos durante el Encuentro permiten afirmar, con rigor académico y claridad política, que Nuestra América atraviesa un momento de extrema peligrosidad histórica. La pérdida relativa de hegemonía de Estados Unidos en el sistema internacional ha derivado en una estrategia agresiva de reposicionamiento geopolítico, sustentada en la expansión de su presencia militar, el control y aseguramiento violento de territorios estratégicos ricos en bienes comunes, petróleo, gas, oro, minerales críticos, agua y biodiversidad, la subordinación doctrinal y operativa de las fuerzas armadas locales, y la criminalización sistemática de proyectos políticos, sociales y comunitarios que disputan el orden impuesto.
Esta ofensiva no solo persigue el despojo material de los recursos estratégicos, sino también la destrucción deliberada de procesos populares y comunales que, como en el caso venezolano, avanzan en la construcción de alternativas basadas en la dignidad, la equidad, la justicia social y la felicidad de los pueblos, desafiando el modelo extractivista, colonial y excluyente que hoy se intenta imponer por la fuerza.
Esta ofensiva no persigue únicamente ventajas militares o de seguridad: su trasfondo central es el despojo violento de los recursos naturales y energéticos de la región, condición necesaria para sostener un modelo económico global en crisis. Al mismo tiempo, busca desarticular, contener o destruir procesos populares y comunales en construcción, que avanzan, sin duda con contradicciones y retos, pero con horizonte propio, hacia formas de organización basadas en la dignidad, la equidad, la autodeterminación y la felicidad colectiva de los pueblos.
En este sentido, la militarización opera como herramienta de disciplinamiento, ruptura del tejido social y negación de alternativas civilizatorias que emergen desde abajo y desde los territorios.
En este contexto, la ampliación y profundización de acuerdos militares con la OTAN, el Comando Sur de los Estados Unidos y otras estructuras de seguridad extra-regionales, lejos de ofrecer garantías de estabilidad, incrementan la dependencia, erosionan la soberanía nacional y convierten a nuestros países en plataformas de guerra, control y saqueo. El caso colombiano —formalizado como “socio global” de la OTAN— es una advertencia clara de los costos políticos, sociales y territoriales que implica esta subordinación estratégica.
Desde una perspectiva histórica, jurídica y geopolítica, los gobiernos soberanos de la región cuentan hoy con suficientes razones políticas, éticas y de derecho internacional para deshacer dichos acuerdos militares, revisar de manera crítica la doctrina de seguridad impuesta desde el norte y recuperar el principio de autonomía estratégica regional. Persistir en estos pactos no solo compromete la autodeterminación de los Estados, sino que expone a los pueblos a conflictos ajenos, guerras por recursos y dinámicas de militarización interna que profundizan la violencia estructural.
El II Encuentro ratificó que la militarización no es un fenómeno aislado ni exclusivamente castrense: se expresa en políticas de control territorial, vigilancia tecnológica, operaciones psicológicas, criminalización de la protesta, despojo de tierras y disciplinamiento social, afectando de manera directa a comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y populares. Frente a ello, las resistencias territoriales, las guardias comunitarias, las autonomías locales y las economías solidarias emergen como respuestas legítimas ante la inoperancia o complicidad de muchos Estados.
En este escenario crítico, retomar e impulsar procesos serios de integración regional soberana no es una opción retórica, sino una necesidad histórica urgente. Experiencias como UNASUR, hoy debilitadas o desmanteladas, demostraron que es posible construir arquitecturas propias de diálogo político, cooperación en defensa, resolución de conflictos y protección regional sin tutela imperial. Su reconstrucción, actualización y profundización resultan estratégicas frente al actual ciclo de confrontación global.
A las puertas de los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá (1826–2026), el llamado del Libertador Simón Bolívar resuena con una vigencia incuestionable: la desunión nos condena a la dependencia; la unidad de los pueblos libres es condición para la soberanía real. Bolívar advirtió tempranamente sobre los peligros de las potencias que pretendían convertir a América Latina en su zona de influencia permanente. Dos siglos después, la historia confirma la lucidez de esa advertencia.
Por ello, desde esta Red Internacional:
Alertamos sobre los riesgos crecientes de la militarización regional y su articulación con intereses corporativos, energéticos y financieros globales.
Exhortamos a los gobiernos soberanos a romper acuerdos militares subordinantes con la OTAN y el Comando Sur, y a revisar integralmente sus doctrinas de seguridad.
Llamamos a reconstruir mecanismos de unidad e integración regional autónoma, en clave de paz, cooperación y defensa de la vida.
Reafirmamos el papel estratégico de los pueblos organizados, la academia crítica y los movimientos sociales en la construcción de alternativas emancipadoras.
Nuestra América no puede seguir siendo patio militar, laboratorio de guerra ni reserva de recursos para un sistema civilizatorio en crisis.
La defensa de la paz pasa hoy, de manera ineludible, por la defensa de la soberanía, la integración regional y la unidad de los pueblos libres.
Red Internacional de Estudios sobre Geopolítica, Militarización y Resistencias en Nuestra América
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