Por Alberto García Watson

El asesinato de una manifestante de 37 años en Minneapolis a manos de un agente de ICE no fue un accidente, ni un episodio aislado. Es el reflejo de una política de seguridad que ha adoptado tácticas israelíes de control de población, desarrolladas durante décadas en el contexto del apartheid y la ocupación en Palestina, y que hoy se aplican contra comunidades negras, marrones y migrantes en Estados Unidos. Estas prácticas no se “adaptan” a la vida civil, se implementan exactamente como fueron concebidas: para controlar, someter y eliminar la resistencia percibida.

El entrenamiento de ICE con técnicas israelíes se realiza tanto en territorio estadounidense como en Israel, impartido por instructores que han servido en contextos de ocupación, donde la población civil es tratada como enemigo. Según denuncias documentadas por organizaciones de derechos humanos y campañas como Deadly Exchange, cientos de oficiales estadounidenses han participado en estos programas, aprendiendo tácticas de control de multitudes, detención y neutralización de amenazas que, trasladadas a barrios urbanos en EE.UU., se traducen en represión directa sobre comunidades racializadas.

La muerte de George Floyd, asesinado en 2020 con la rodilla de un oficial presionando su cuello, no es un hecho aislado. Esa técnica de asfixia, aprendida y sistematizada en entrenamientos con instructores israelíes, es un ejemplo concreto de cómo los métodos de represión usados en Palestina encuentran aplicación mortal en las calles estadounidenses. No fue un accidente, fue un entrenamiento convertido en violencia letal, dirigido de manera desproporcionada hacia afroamericanos y otras comunidades vulnerables.

La historia reciente de Estados Unidos ofrece ejemplos dolorosamente claros. En Los Ángeles en 1991 varios policías blancos fueron grabados apaleando brutalmente a Rodney King, un afroamericano, un vídeo que se hizo viral y desató protestas masivas que se extendieron por todo el país. La respuesta del Estado fue militarizada, reforzando la idea de que la población negra y migrante no solo es vigilada, sino que es considerada una amenaza legítima. Los métodos de control aprendidos con instructores israelíes se insertan perfectamente en esta lógica, entrenamiento, vigilancia, represión y muerte.

Estos programas no son marginales. La cooperación con fuerzas israelíes tiene décadas de historia, con instructores que llevan a EE.UU. técnicas desarrolladas específicamente para manejar poblaciones consideradas “hostiles” bajo un sistema de segregación y control estrictos. La violencia que se ejercita sobre palestinos en Gaza y Cisjordania, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, restricciones de movimiento, se replica aquí, adaptada solo en apariencia a un contexto urbano estadounidense. Los objetivos, sin embargo, permanecen, criminalizar, intimidar y reprimir a quienes desafían el orden impuesto.

No se trata solo de tácticas. Se trata de mentalidades. La militarización de ICE y la policía refleja un patrón sistemático donde la población negra y migrante es percibida como amenaza, donde el derecho a protestar, a manifestarse, o incluso a existir sin ser criminalizado, es constantemente deslegitimado. Cada muerte, cada paliza, cada detención violenta es una confirmación de esta lógica, el entrenamiento que se exporta desde Israel hacia EE.UU. se convierte en un instrumento de opresión interna.

La administración Trump no ha dudado en etiquetar como “terroristas domésticos” a víctimas de estas políticas, justificando la violencia letal con un lenguaje de seguridad y protección. Pero detrás de los eufemismos se esconde una verdad clara, las vidas de afroamericanos, migrantes, activistas y comunidades vulnerables tienen un valor mucho menor para el Estado, y la formación que reciben los agentes de ICE es la herramienta que permite esta brutal jerarquía de vidas humanas.

Mientras el país debate sobre reformas policiales y control migratorio, se pasa por alto que la raíz del problema es internacional y sistémica, métodos de ocupación, tácticas de apartheid y entrenamiento militarizado que se aplican sin distinción a ciudadanos y migrantes, replicando en EE.UU. un patrón de violencia racializada que en Palestina lleva décadas en funcionamiento.

No se trata de “mejorar la seguridad” ni de “intercambios profesionales”. Se trata de exportar un modelo de represión, de normalizar la violencia sobre cuerpos racializados, de militarizar a quienes deberían protegernos y convertir la ley en un instrumento de opresión. Minneapolis, Los Ángeles y tantas ciudades estadounidenses han pagado con sangre esta política, cada muerte, cada rodilla, cada paliza es un recordatorio de que el entrenamiento con técnicas israelíes tiene un costo humano inmediato.

Es hora de que la sociedad estadounidense reconozca lo que esto significa. No es solo una cuestión de protocolos o procedimientos, es una transferencia directa de métodos de ocupación y apartheid hacia las calles de EE.UU., aplicada sobre quienes más han sufrido históricamente la violencia del Estado. Mientras no se cuestionen y desmantelen estas conexiones, la justicia seguirá siendo un ideal inalcanzable para las comunidades negras, migrantes o contestatarias.