por Héctor Llaitul

Conocido el veredicto que dictó el Tribunal de Temuco en el denominado Caso Huracán y que deja en evidencia uno de los montajes policiales más graves desde el fin de la dictadura civil militar, queremos destacar que, más allá de la condena a dos generales y de los jefes operativos de la unidad de inteligencia, esta resolución no establece directamente, ni apunta nada sobre la responsabilidad de las autoridades políticas que estuvieron involucrados en esta operación de inteligencia en contra del movimiento mapuche en lucha.

Porque debe quedar absolutamente claro que fue una operación dirigida en contra del Movimiento Mapuche Autonomista y Revolucionario, donde no solo se fabricó pruebas, se manipuló información que terminó con comuneros mapuche detenidos sobre la base principalmente de mensajes falsos, sino que además pretendió desvirtuar la verdadera naturaleza del conflicto histórico. Por cierto que nos referimos a la responsabilidad que tiene el gobierno de Michelle Bachelet y de su subsecretario del Interior Mahmud Aleuy, quienes son los encargados directos en la  implementación de esta política represiva de persecución.

Junto con esta omisión, y más allá que no se haya podido configurar penalmente la idea de una asociación ilícita para montar las pruebas contra comuneros -lo cual traería consigo alcances en otras causas-, aquí hay otro aspecto que suscita mucha desconfianza y que tiene que ver con una suerte de componenda que ha ofrecido la institucionalidad estatal al empresariado, aquel que está directamente comprometido con nuestra lucha por las reivindicaciones territoriales y políticas mapuche. Una negociación que ofrece estabilidad para que los poderosos sigan saqueando el Wallmapu ancestral.

Es por lo cual podemos deducir y afirmar que, desde un primer momento, el objetivo que buscaba esta operación de inteligencia fue intentar desvirtuar y enlodar la justa y centenaria lucha de nuestro Pueblo Nación, inventando un supuesto cruce de comunicación e información de las distintas expresiones de la causa mapuche. 

También somos de la opinión  que  las responsabilidades en el caso Huracán no se agotan en el ámbito de las autoridades políticas, policiales y de la fiscalía. La dimensión mediática, el actuar de los grandes medios de comunicación al servicio de los poderosos tampoco ha sido objeto de imputaciones penales, medios de comunicación oficialistas y de derecha pertenecientes a los grandes grupos económicos que contribuyeron a legitimar una operación que fue fraudulenta y criminal. Un periodismo que como en los tiempos de la dictadura, se ha vuelto, por acción o negligencia,  aliado de un montaje estatal-empresarial.

Una  política de Estado represiva y dolosa

Creemos que el trasfondo de montar pruebas responde a una política de Estado con el fin de perseguir principalmente a nuestra organización, a la expresión de lucha que es la Coordinadora Arauco Malleco – CAM y su dirigencia histórica.

Porque no sé trato solo de demonizarla, sino también desvirtuar sus objetivos, sus alcances, los planteamientos y la acción política, es decir, tratar de golpear el proceso de  transformaciones contra las políticas extractivistas, como contra el saqueo del territorio ancestral, para lograr el desarrollo de una propuesta de reconstrucción de la Nación Mapuche sobre la base, principalmente, de un proyecto de rearticulación de comunidades con una perspectiva autonomista  y de libre determinación, un proceso basado en una praxis anticapitalista, antioligárquica y antiimperialista. 

En este contexto, la dirección de este montaje fue muy clara, ir en contra de una dirigencia consecuente con los planteamientos revolucionarios desde el mundo mapuche. Es por esta razón que sostenemos que los alcances de Huracán persisten, porque los dirigentes que seguimos en la senda de la lucha territorial y política revolucionaria hoy estamos prisioneros por el mismo Estado chileno.

Es necesario destacar que con la determinación de responsables en el montaje en el caso Huracán, queda muy establecida la política represiva del Estado y que ha tenido y tiene continuidad con todos los gobiernos anteriores y el actual que, a nuestro juicio, es el peor de todos por dejar en bandeja a la ultraderecha la posibilidad cierta de políticas de exterminio de nuestro pueblo.

Una nueva justicia en la medida de lo posible

Con esta resolución judicial se ha pretendido establecer justicia, pero lo cierto es que con ella solo se favorece a los usurpadores al tratar de encubrir a quienes ordenaron el montaje, al poder político de turno que no fue alcanzado. Con esta sentencia solo algunos quedarán con penas menores o remitidas, a pesar que la evidencia, los hechos retratan y revelan el accionar del Estado en su conjunto. 

Es la institucionalidad que continuó y nunca se detuvo en su persecución contra del Movimiento Mapuche Autonomista y Revolucionario. Recordemos que con Piñera se presentaron querellas contra werkenes mapuche y que Boric las amplió; que con Piñera se impuso el Estado de Excepción, y que con Boric  se han vuelto permanentes en el Wallmapu, consolidando la militarización tan anhelada y aplaudida por la ultraderecha.   

Los carabineros involucrados no serán condenados a altas penas como sí ocurre con los  weichafe a quienes se ha llegado a sentenciados a más de 40 años de cárcel. Ni siquiera se ha condenado con justicia a quienes han asesinado por la espalda a nuestros weichafe.

Otro aspecto no menor,  es que este gobierno junto con establecer mayor represión dio luz verde prácticamente a los mismos organismos y agentes del Estado para idear y aplicar otras operaciones de inteligencia, y con ellos procesar y condenar a los dirigentes de la CAM.  Por ello creemos que, en actualidad, con la militarización del Wallmapu y el nuevo orden impuesto, se ejercerá la impunidad de los represores de la causa mapuche. 

Somos su ‘enemigo interno’

Con la experiencia del caso Huracán hay una consecuencia y una proyección claras, porque a pesar de la condena de algunos agentes del Estado que incluye a generales de carabineros, la lógica y doctrina represiva se mantuvo y mantendrá en el Wallmapu. Evidencia de ello es que a pesar de los antecedentes y de lo prolongado del proceso del caso, este gobierno profundizó la represión y la persecución política al movimiento en lucha, restableciendo la doctrina de seguridad nacional y definiendo a la nación mapuche  como su ‘enemigo interno’.

Fue después del montaje Huracán cuando el gobierno de Piñera presentó la querella en contra de los principales dirigentes de la CAM, primordialmente en mi contra (ya que había sorteado el montaje Huracán, objetivo principal de esa operación de inteligencia ), querella que fue ampliada con Boric y derivó en la orden de captura y condena de forma arbitraria y sin un debido proceso. 

Hoy se pretende presentar la persecución penal de un montaje de carabineros, que suponía perseguir el accionar del movimiento mapuche, solo con un mal actuar, cuando el trasfondo fue y es legitimar la persecución y represión, a como dé lugar, de una propuesta política para la liberación y la reconstrucción de la Nación mapuche.

El caso Huracán continúa 

A nuestro juicio el Caso Huracán no ha terminado, persiste al menos en su lógica y prácticas corruptas. Se debe recordar que en el tiempo del segundo gobierno de Piñera fue Luis Hermosilla el que asesoró un tipo de persecución penal en las querellas contra el movimiento mapuche, sumado a fiscales racistas y a una policía corrupta (el caso de Héctor Espinoza). Posteriormente, con el actual gobierno de Boric, los mismos fiscales que participaron del caso Huracán han continuado en sus puestos, persiguiendo militantes de la causa mapuche.

Para concluir, debo asumir una postura consecuente y afirmar que fui condenado bajo la misma lógica y política represiva que se deriva del caso Huracán. Ciertamente fue de una forma más meticulosa y direccionada, pero con el mismo método de un montaje. Porque el propósito era lograr una condena como fuera posible, así se me aplicó la ley de Seguridad del Estado, una normativa que permite la persecución política, y que resultó en 15 años de cárcel solo por emitir opiniones. También se me condenó  por delitos asociados a esta ley en hechos donde si se montó prueba y se manipuló antecedentes (con inteligencia artificial) para que jueces, en un proceder racista y presionados por el poder político  empresarial, me sentenciaran a altas penas de cárcel. En definitiva queda claramente establecido que fue una condena política, bajo razones de Estado y por presión empresarial, la misma que mandató el Caso Huracán.

Pese a la persecución, militarización y operaciones de inteligencia, la lucha y resistencia de las comunidades mapuche autonomistas continúa.