Con indignación y profunda rabia recibimos esta madrugada la detención de tres hijos de nuestra madre y hermana —Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil—, junto a un yerno, en el marco de la investigación por su desaparición y posterior confirmación de fallecimiento.

No es concebible ni aceptable que la Fiscalía Regional de Los Ríos y Carabineros desplieguen 500 efectivos policiales de distintas especialidades —en un operativo simultáneo en Máfil y Temuco— para detener a miembros directos de la familia, mientras que durante más de un año la búsqueda activa de Julia Chuñil apenas movilizó, en los mejores momentos, a no más de 50 personas en operativos reales. Esta desproporción grotesca revela prioridades invertidas: recursos masivos para criminalizar a los suyos, pero abandono y mínima diligencia para encontrarla con vida cuando más se necesitaba.

La línea investigativa impulsada por la fiscal Tatiana Esquivel ha mostrado desde el inicio un sesgo evidente, orientado casi exclusivamente hacia la familia, ignorando o minimizando otras hipótesis plausibles y poderosas que han sido señaladas insistentemente por organizaciones de derechos humanos, comunidades mapuche y la propia familia. Hasta ahora no se han presentado pruebas nuevas consistentes ni aportes contundentes que justifiquen esta arremetida contra quienes han sido las principales víctimas del dolor y la revictimización. Insistimos: la formalización de investigación no equivale a culpabilidad. Es una etapa preliminar que comunica cargos para permitir la defensa, pero la presunción de inocencia —pilar del Estado de Derecho— debe regir con absoluta fuerza, especialmente en un caso tan marcado por filtraciones mediáticas, estigmatización y posibles irregularidades procesales.

Hemos denunciado públicamente que esta investigación parece más interesada en construir un relato conveniente que en esclarecer la verdad con imparcialidad. La desproporción en el uso de la fuerza policial para detener a la familia, comparada con la tibieza en la búsqueda de Julia, refuerza la sospecha de un montaje institucional o, al menos, de una persecución sesgada que criminaliza a los más vulnerables en lugar de perseguir responsabilidades estructurales y de poder.

Julia Chuñil Catricura fue una madre, abuela, campesina, defensora del territorio y de la naturaleza. Su desaparición y muerte no pueden servir de pretexto para vulnerar derechos fundamentales ni para perpetuar prácticas que revictimizan a su familia y comunidad.

Exigimos de inmediato:

– Transparencia absoluta: acceso total de la defensa a todos los antecedentes que motivaron estas detenciones.

– Respeto irrestricto al debido proceso y a la presunción de inocencia de los imputados.

– Una investigación imparcial, sin sesgos previos, con igual rigor en todas las líneas posibles y sin privilegios para ninguna hipótesis.

– El cese de narrativas mediáticas e institucionales que prejuzgan culpabilidades sin sentencia firme.

– Explicaciones claras sobre esta desproporción policial: ¿por qué tanto despliegue para detener y tan poco para buscar y proteger?

No callaremos. Seguiremos exigiendo verdad y justicia real para Julia, sin permitir que su memoria sea instrumentalizada para justificar arbitrariedades ni para encubrir fallas sistémicas.

¡Verdad y justicia para Julia Chuñil!  

¡Basta de criminalizar a la familia!  

¡Presunción de inocencia ahora!

14 de enero de 2026

Vocería de la familia y organizaciones adherentes