La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Organizaciones Sociales, reunida el sábado 17 de enero en la sede de la ANEF, manifiesta su profunda preocupación frente a las señales políticas y jurídicas emitidas en el contexto de la llegada del nuevo gobierno, especialmente en materias que afectan directamente la memoria histórica, la justicia y el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Como organizaciones de derechos humanos y sociales, observamos con atención la relación que la nueva administración de gobierno, que llegará en marzo, y que establecerá con los Sitios de Memoria, espacios fundamentales para la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. El debilitamiento, relativización o abandono de estas políticas sería un grave retroceso democrático y una afrenta a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, expresamos nuestra indignación frente al fallo judicial que absolvió al ex carabinero Claudio Crespo, responsable de dejar ciego a Gustavo Gatica, hecho emblemático de la impunidad persistente respecto de las graves violaciones cometidas durante la revuelta social. Este tipo de resoluciones refuerzan la desconfianza en el sistema de justicia y profundizan el dolor de las víctimas y sus familias.

En este contexto, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos exige:

● La derogación inmediata de la Ley Naín-Retamal, norma que fortalece la impunidad y amplía el uso de la fuerza estatal en desmedro de los derechos fundamentales.

● En el mismo sentido, exigimos la derogación de la Ley Antiterrorista y de la denominada Ley Antitomas por constituir un conjunto de leyes represivas orientadas a perseguir la organización social y la movilización popular.

● La libertad de las y los presos políticos chilenos, de la revuelta social y del pueblo mapuche, encarcelados en procesos marcados por irregularidades, uso abusivo de la prisión preventiva y criminalización de la protesta.

● El fin de la criminalización de la protesta social como herramienta política de control.

● El término de la militarización y el fin del Estado de Excepción que ha mantenido el gobierno en la zona de La Araucanía, política que ha profundizado la violencia estatal y vulnerado sistemáticamente los derechos del pueblo mapuche.

● En el mismo sentido, exigimos el fin del entrenamiento, ejercicios militares, compra o venta de armamento con EEUU, Israel y la OTAN.

En el actual escenario, hacemos un llamado urgente al fortalecimiento de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Social, a la articulación del movimiento social y a la vigilancia activa frente a cualquier retroceso en materias de derechos humanos. La democracia no se sostiene con represión ni con olvido, sino con memoria, justicia y dignidad.

Por lo cual, estaremos alerta ante cualquier intento de impunidad o vulneración o retrocesos en materia de derechos humanos y sociales, que impulse el nuevo gobierno, y que pudieran afectar a nuestra población en sus derechos fundamentales.

– Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP)

– Red Nacional de Sitios de Memoria

– Corporación 3 y 4 Álamos

– Corporación Memoria Borgoño

– Sitio de Memoria Estadio Nacional

– Coordinadora Feminista 8M

– Escuela PRAIS

– Colectivo de Mujeres por la Memoria y la Vida

– Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas

– Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (Cintras)

– Colectivo Memoria de la Universidad Católica

– Agrupación Nacional de Empleados Públicos (ANEF)

– Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC)

– Comunidad Ecuménica Martin Luther King

– Industrial Chile Contramex

– Colectivo Raíces de Resistencia Colombiano en Chile

– Colectivo Amauta

– Comité Óscar Romero, Chile