Por Mario Ramos

¿Por qué arden justamente los territorios donde se proyecta instalar megaindustrias de alto interés político y extractivo para una minoría? Porque, una vez arrasados, pueden ser explotados sin la diversidad que los habita y sin las comunidades que los defienden.

Porque al modelo y sus adeptos no les importa provocar una catástrofe ecológica y social de proporciones históricas como la que hoy vive la comuna de Penco, en la Región del Biobío. Allí, el incendio forestal avanza sin control, consumiendo ejemplares centenarios de queule —árboles considerados “fósiles vivientes” o “dinosaurios botánicos”—, junto con flora y fauna nativa irremplazable, causando un daño irreversible. Así lo ha denunciado la Corporación Parque para Penco, organización que busca proteger los últimos bosques de queule del mundo frente a la ofensiva minera que, por más de diez años, ha impulsado el proyecto Aclara.

No son solo las llamas, que hora a hora devoran estadísticas y todo lo que encuentran a su paso. Es también el ninguneo sistemático: la tala continua del bosque nativo para plantar monocultivos altamente combustibles, y la persecución y criminalización del pueblo mapuche, que hace cuatro décadas viene advirtiendo que esto ocurriría. No por consultar oráculos, sino porque observa la naturaleza y sabe leerla.

Mientras tanto, los medios hegemónicos fabrican el horror desde arriba, convierten la tragedia en espectáculo en vivo y esparcen humo tóxico no solo en el aire, sino también en la conciencia colectiva. Rostros chamuscados, ojos ardidos, cuerpos tiznados de rabia y desolación: el Chile empobrecido observa cómo excavadoras derriban muros levantados a pulso, removiendo tierra aún caliente en busca de cuerpos carbonizados que murieron antes de tiempo.

Este es el resultado de más de 50 años del modelo de “desarrollo hacia afuera”, donde cada espacio ha sido transformado en negocio. Un país entregado a inmobiliarias, constructoras y bancos que multiplican sus capitales sobre terrenos baldíos y quemados, mientras megaempresas extranjeras vienen por todo, amparadas por rutas abiertas al saqueo, financiadas por el Estado y vendidas como progreso.

Se trata de un despojo gigantesco impuesto durante la dictadura cívico-militar. A través de la CONAF, entonces dirigida por Julio Ponce Lerou —yerno de Pinochet y actual controlador de SQM, principal beneficiario de la electromovilidad basada en tierras raras, un dato que rara vez se “aclara”— se entregaron 352 mil hectáreas, usurpadas a familias mapuche y campesinas, a las familias más ricas de Chile para instalar el letal modelo forestal. Para blindar este saqueo, también se destinaron 525 mil hectáreas al Ministerio de Defensa, 4.700 a Carabineros y 71 mil hectáreas a personas jurídicas privadas y sociedades agrícolas, creando enclaves estratégicos “por si acaso”.

Esta acumulación por desposesión ha sembrado miseria, fuego, impotencia y encandilamiento en un país que hoy necesita oxígeno con urgencia: medio ambiente, educación y conciencia crítica para entender que este modelo —estos gobiernos, estos apellidos, estos empresarios, esta casta política y su Estado empresarial— está empujando la vida misma hacia su extinción, casi sin retorno.

Es hoy, no mañana, cuando debemos cambiar radicalmente el modelo extractivista depredador. Iniciar un proceso profundo y abierto de reparación, de desintoxicación frente a tanto engaño, de valoración de la abundancia que aún persiste, de apañe, abrazo y reencuentro, dejando atrás las estructuras que nos fragmentan y nos obligan a competir.

Notas: La llamada “Ley Larga de Incendios” (Boletín 16335-14), principal proyecto para prevenir y sancionar incendios forestales, lleva más de 27 meses estancada en la Comisión de Hacienda del Senado, bloqueada por el lobby del sector forestal, que considera excesivas las obligaciones y costos para los privados. Mientras tanto, el Parque Nacional Nonguén es alcanzado por incendios que ya han consumido más de 18 mil hectáreas de bosque en el sur de Chile, el mismo parque que comunidades y autoridades del Biobío, Maule y Ñuble defendieron del trazado del proyecto eléctrico Itahue–Hualqui.

La ley duerme. Y el propio director regional de CONAF responsabiliza a la industria forestal por la propagación del incendio en el Gran Concepción: una catástrofe anunciada por la acumulación de residuos forestales en unas 4.000 hectáreas convertidas en un verdadero polvorín. Se propuso chipear esos desechos. La respuesta fue que “salía muy caro”.

Hoy ya van más de 500 viviendas destruidas, 19 personas fallecidas en la Región del Biobío, miles de evacuados y un estado de catástrofe decretado. Sí, salió muy caro. Pero para los territorios y las comunidades, no para quienes lucran con la devastación.